Según el texto votado la víspera y denominado “Por la dignidad de las víctimas de feminicidio, violación de niña, niño y adolescente e infanticidio”, los acusados de estos delitos no podrán beneficiarse con medidas diferentes a la detención preventiva.
El proyecto identificado también como Ley 179 propone sanciones de entre cinco y 10 años para los jueces, fiscales, abogados y otros auxiliares del sistema de justicia, además de magistrados, vocales, conciliadores, policías, peritos, médicos y trabajadores sociales involucrados en “consorcio”.
Igualmente, prohíbe que los imputados por delitos contra la mujer y los niños reciban el beneficio de una salida alternativa a la detención preventiva.
Para la eventualidad en que se argumenten problemas de salud será imprescindible un certificado emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses.
Marvin Molina, presidente del Consejo de la Magistratura de Bolivia, confirmó recientemente la instauración de 76 procesos contra malos administradores de la justicia, al concluir la intervención de los juzgados de ejecución penal.
Afirmó Molina en entrevista al canal Bolivia TV que la investigación de más de mil expedientes en todo el país se realizó en cumplimiento de una instrucción de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio creada por indicaciones del presidente Luis Arce.
Describió que es la primera intervención realizada en 23 años del Consejo de la Magistratura e insistió en que se trataba de un trabajo necesario.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, por su parte, informó que la recaptura de 10 reos liberados por autoridades corruptas y nueve jueces procesados es el resultado de la Comisión Revisora de Casos de Violación y Feminicidio tras su labor en solo un mes.
Arce ordenó crear este comité y exigió sanciones tras el escándalo que estremeció a Bolivia a finales de enero cuando se conoció que el juez Rafael Alcón liberó al violador y feminicida Richard Choque, condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto.
Según informes policiales, el psicópata sexual fue condenado y encarcelado en 2015, sin embargo, en diciembre de 2019 debido a un supuesto cáncer obtuvo la detención domiciliaria por 18 meses y no regresó a la prisión.
El hallazgo de dos cadáveres de mujeres adolescentes en su vivienda en la ciudad de El Alto provocó su nuevo encarcelamiento y el inicio de pesquisas que desembocaron en la imputación de decenas de operadores corruptos de la justicia.
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