La Comisión Permanente del Congreso de la República se reunirá el jueves próximo, para decidir si aprueba un informe inculpatorio contra el exmandatario, emitido el miércoles último, con inusual celeridad, por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
De ser aprobado, lo que se considera seguro, por la correlación adversa a Vizcarra, el documento pasará al pleno legislativo, que lo debatirá y dictará, según todas las previsiones, la sentencia de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante una década.
En el proceso están incluidas las exministras de Salud, Pilar Mazzetti, y Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, y para ellas el informe pide ocho y un año, respectivamente, de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
Según la acusación, los tres violaron en diferentes niveles de gravedad la Constitución al incumplir sus deberes y hacerse inmunizar ocultamente contra la Covid-19 con excedentes de pruebas de la vacuna china Sinopharm, usadas aquí en ensayos clínicos del producto.
La coalición congresal mayoritaria ha mostrado intención de inhabilitar sobre todo a Vizcarra antes de los comicios del domingo próximo, en los que postula a un escaño parlamentario.
En caso de ser elegido el exgobernante y posteriormente el Parlamento lo inhabilitaría, el Jurado Nacional de Elecciones no podrá extenderle la credencial de legislador y Vizcarra no podrá acceder al cargo.
Vizcarra alega que es objeto de una maniobra política para impedirle el ejercicio del derecho a ser elegido y hasta ha impugnado el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que está adscrito el Estado peruano.
Sin embargo, juristas locales consultados advierten que esa instancia no aceptará el recurso del exmandatario porque el tema debe agotarse antes en los tribunales peruanos.
El expresidente, al igual que las exministras Mazzetti y Astete son investigados paralelamente por presuntos delitos cometidos al hacerse vacunar irregularmente y la pesquisa está en manos de la Fiscalía de la Nación en su más alto nivel, debido al rango de los indagados.
Vizcarra tiene además en curso una investigación en el Ministerio Público, por la confesión de empresarios que lo acusan de haberles cobrado sobornos por obras públcas en la sureña región de Moquegua, años atrás, cuando era gobernador de esa jurisdicción.
La Fiscalía de la nación lo investiga también por la contratación irregular de un oscuro cantante como consultor del Ministerio de Cultura, cuando era presidente, cargo que ejerció hasta noviembre pasado, cuando fue vacado (destituido) por incapacidad moral debido a las acusaciones empresariales de soborno.
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