El plan alternativo fue confirmado en una entrevista televisiva por el secretario general del PPL, Vladimir Cerrón, quien declinó revelar su contenido.
“Si el Congreso pierde la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que promueva un debate y una polémica sobre la Asamblea Constituyente, el partido y su bancada ha propuesto un plan B, que definitivamente tiene que ver con el Congreso de la República”, dijo.
Explicó que prefiere no revelar lo que su partido tiene previsto, porque espera que el órgano legislativo unicameral sea racional y acepte el proyecto de un referendo, en el cual el pueblo decida si quiere o no una nueva Constituyente.
“No hay ninguna amenaza, en la política y en la cirugía hay que ir con un plan A y un plan B. uno no se puede ir huérfano con un solo plan”, añadió el dirigente, médico de profesión.
Descartó que se trate de una escalada violenta de protestas y no precisó si se trata de la disolución del Parlamento, sobre lo cual, ante la insistencia del entrevistador, expresó que “no podría decirle sí o no, pero es probable que no sea ese el camino”.
Añadió que el presidente Pedro Castillo lo sorprendió al anunciar el proyecto la semana pasada en un diálogo con líderes de organizaciones sociales en la ciudad surandina de Cusco, aunque antes le recomendó reaccionar ante el descontento creciente por su administración.
“Estaba incrementándose el descontento popular y le mandé un mensaje hace más de un mes: ‘presidente, si usted no cumple lo que ha prometido, este descontento va a ir incrementando y tiene que darle un motivo de lucha al pueblo para que lo respalde y tiene que ser una señal política concreta’”, expresó Cerrón.
Saludó la iniciativa presidencial del referendo como la primera medida de izquierda que toma, pues, según dijo, el deterioro del apoyo popular al mandatario se debe a que solo había aplicado “el programa neoliberal de los perdedores” de las elecciones.
Sobre lo que considera debe establecer la nueva Cconstitución, planteó que lo sustancial es el capítulo económico, en el cual debe decir que el Estado promueve las modalidades empresariales privada, estatal y mixta, sin que siga teniendo preeminencia la primera.
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