Como parte de una consulta popular, desde el 1 de febrero y hasta el 30 de abril en la isla se realizaron casi 80 mil reuniones para recoger opiniones de la gente sobre la norma jurídica, la cual introduce novedades técnicas y conceptuales respecto a la que es considerada la célula fundamental de la sociedad.
El ejercicio democrático da continuidad a experiencias anteriores de los legisladores cubanos, quienes tienen abiertos canales de comunicación permanentes para que la ciudadanía emita opiniones, dudas o preocupaciones sobre los proyectos de leyes que serán aprobados por el parlamento.
Recientemente funcionarios del Consejo Electoral Nacional destacaron la participación de más de seis millones 500 mil personas y la realización de más de 397 mil propuestas, lo que habla del interés popular por participar en este proceso.
Al decir de expertos, la consulta no solo sirvió para recopilar las opiniones, sino que además permitió que los especialistas y directivos que acudieron a las reuniones aclararan dudas, explicaran los puntos más polémicos y desmintieran información tendenciosa que circulaba en las redes sociales.
En una reunión de seguimiento a este tema del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, las autoridades informaron que avanzaban en el procesamiento de las propuestas sobre el matrimonio, la adopción, orden de los apellidos, responsabilidad parental, gestación solidaria y la discriminación en el ámbito familiar.
De acuerdo con cifras oficiales el 61 por ciento de las intervenciones recibidas mostraron una opinión favorable sobre el texto legal, el 20,36 por ciento sugieren modificaciones y el 12,69 por ciento eliminaciones.
La ruta legislativa del nuevo Código tiene un momento importante en la próxima sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en este mes de mayo, en la que los diputados serán informados sobre las transformaciones realizadas al documento y los pasos que precederán el referendo popular.
El Código da continuidad jurídica a los derechos consagrados en la Constitución de 2019, actualiza el marco normativo cubano frente a la legislación vigente internacional y, sobre todo, da amparo institucional a las transformaciones que se han producido en el ámbito social y familiar del país.
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