“Nos han notificado para el 4 de mayo en la mañana y en esa audiencia vamos a ver la directriz del Tribunal (…), si es que ellos tienen la misma línea que han asumido al momento de los alegatos iniciales, imagino que el 4 de mayo ya se va a emitir una sentencia”, afirmó el representante del Ministerio Público.
Mejillones comentó ante la prensa que la defensa de Áñez presentó una acción de inconstitucionalidad contra los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes, por los cuales la exgobernante autoproclamada y los coacusados son juzgados.
A tenor de esa petición los abogados de Áñez demandaron al Tribunal de Sentencia no emitir un veredicto hasta tanto se conozca la decisión de la Corte Constitucional Plurinacional.
Sin embargo, Mejillones subrayó que el proceso sigue y adelantó que solicitará una sanción de entre 12 y 15 años para todos los implicados en este proceso iniciado el 28 de marzo.
La exsenadora está imputada por tomar posesión de la presidencia del Senado sin cumplir con las normas y el Reglamento de Debates de ese cuerpo legislativo, pues asumió esa autoridad que correspondía a la fracción mayoritaria, el Movimiento al Socialismo, sin el quórum requerido.
Esa posición le permitió posteriormente asumir el cargo de jefa del Estado Plurinacional sin cumplir las normas constitucionales.
Como coacusados en Golpe de Estado II concurren el exjefe del Estado Mayor Flavio Arce y el exjefe del Ejército Pastor Mendieta.
El general Gonzalo Terceros, extitular de la Fuerza Aérea, y el almirante Palmiro Jarjuri, excomandante de la Armada, se declararon culpables y fueron sentenciados a tres años de cárcel.
Prófugos de la justicia se encuentran el exjefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Evo Morales, Williams Kaliman, y el general Sergio Orellana, quien ocupó esa responsabilidad durante el Ejecutivo de facto, al igual que el jefe de la Policía Yuri Calderón.
Junto a sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán la exgobernante de facto también es acusada en la causa Golpe de Estado I de conspiración y terrorismo por los crímenes cometidos después que ella firmó el 14 de noviembre de 2019 el Decreto Supremo 4078.
La normativa exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares por los crímenes cometidos durante la represión a los manifestantes.
Tal uso de la fuerza dejó un saldo de 37 muertos, 800 heridos y más de 500 detenidos, según el informe publicado en diciembre de 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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