Por Jorge Petinaud
Periodista de Prensa Latina
“Después de 16 años, los resultados de la nacionalización son visibles. El país ha percibido por concepto de renta petrolera alrededor de 50 mil millones de dólares”, aseguró el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, según la web oficial de esa cartera.
Apenas a tres meses de su toma de posesión, Morales promulgó en mayo de 2006 el Decreto Supremo Héroes del Chaco (DS-28701), a través del cual el Estado recuperó la propiedad, posesión y el control total y absoluto de los hidrocarburos y estableció la soberanía sobre sus recursos naturales. Según las pautas del modelo neoliberal republicano con sus privatizaciones, hasta entonces las empresas privadas se apropiaban de la mayor parte de los ingresos por la venta de gas a Argentina y Brasil, mientras que a la nación dueña de ese carburante le correspondía el 18 por ciento de esa suma.
La situación cambió a partir del 1 de mayo de 2006 con aquella rúbrica presidencial que devolvió al pueblo boliviano el control de todos sus recursos energéticos e incrementó al 82 por ciento el porcentaje de ingresos para la nación andino-amazónica.
Según Molina, esas entradas “permitieron ejecutar proyectos de salud, educación y de otros sectores, además, posibilitaron financiar programas y bonos sociales como la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy y otros, que se enmarcan en la política social de distribución de la riqueza”.
Añade la cartera de Hidrocarburos y Energías que las universidades y los gobiernos departamentales y municipales también se fortalecieron con la redistribución del beneficio proveniente de la renta.
Explica que además de las regalías, la Ley de Hidrocarburos 3058 y el Decreto 28701 viabilizaron la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que favorece a las regiones productoras.
REDES DE GAS E INDUSTRIALIZACIÓN
Desde el punto de vista social, si bien la naturalización del gas incrementó la entrada de recursos para Bolivia y la consiguiente redistribución de la riqueza, también contribuyó a mejorar la calidad de vida de la población.
“Antes era un lujo tener gas domiciliario, pero esto cambió gracias a la política del gobierno nacional –explicó el ministro-, y en 16 años hemos ampliado a más de 1,1 millones de hogares este beneficio”.
Molina cifró en cinco millones 400 mil el número de bolivianos que en todo el país disfrutan de este servicio.
La decisión tomada hace 16 años con la llegada del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos al poder, asimismo, abrió el camino para que Bolivia se convirtiera en nación industrializadora con un aporte de valor agregado mediante la producción de gas licuado de petróleo (GLP) y urea.
Recordó el titular que hasta 2012 el país altiplánico importaba GLP, sin embargo, fortalecido económicamente por los mayores ingresos construyó las plantas industriales de Río Grande y Gran Chaco.
Agregó que el incremento productivo y de ventas es de tal magnitud que la comercialización en valores en 2021 en el mercado externo e interno ascendió a 140 millones 400 mil dólares, a pesar del daño causado a este sector por el golpe de Estado de noviembre de 2019.
Molina calificó de “estandarte en la industrialización del gas” la Planta de Amoniaco y Urea que entró en operaciones en 2017.
Subrayó que esta megaobra resulta de gran importancia para el país por las ganancias que genera y por la contribución al sector agrícola, pero fue gravemente afectada por el gobierno de facto de Jeanine Áñez en 2020, con pérdidas para el Estado superiores a los 450 millones de dólares.
“Sin embargo, por mandato de nuestro presidente Luis Arce, hemos reactivado esta planta en septiembre de 2021 y desde ya ha mostrado que genera ingresos importantes”, enfatizó el ministro.
La fábrica estableció en marzo del año en curso el mayor registro de producción de urea en un mes con 41 mil 417 toneladas métricas, se informó. “Desde septiembre de 2021 ha fabricado un total de 267 mil 258 toneladas métricas hasta el mes pasado, generando más de 123 millones 300 mil dólares para el país”, detalló Molina.
BOLIVIA TRANSFORMADA
Antes de establecer la soberanía sobre los recursos naturales en 2005, la nación andino amazónica era la segunda con mayor nivel de deuda externa, con un 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En cambio, en 2018 se convirtió en la séptima menos endeudada de Latinoamérica y el Caribe con 24 puntos porcentuales en relación con su PIB.
Datos del Fondo Monetario Internacional señalan que el conjunto de bienes y servicios producidos anualmente en Bolivia creció sostenidamente desde 2006 hasta 2018, fecha en que llegó a 44 mil 885 millones de dólares.
Según esa fuente, la economía de esta nación era la de mayor crecimiento en Sudamérica a finales de ese año con 3,9 por ciento y un colchón financiero (incluidas las reservas internacionales y las garantías de seguros denominadas AFP) de 53 mil 269 millones de la moneda estadounidense.
La Comisión Económica para América Latina, por su parte, informó que entre 2006 y 2017 el ingreso anual percápita de los bolivianos pasó de mil 120 dólares a tres mil 130.
También varió el salario mínimo, que era de 440 bolivianos (unos 63 dólares) y actualmente asciende a dos mil 60 bolivianos (cerca de 300 dólares).
Consecuentemente, en el lapso analizado la pobreza extrema pasó del 38 al 17 por ciento, y el desempleo disminuyó del 8,1 al 4,2 por ciento.
El modelo económico, social, comunitario productivo establecido durante el mandato de Morales y retomado con el restablecimiento de la democracia por el presidente Arce desde 2020, permitió que el 62 por ciento de la población tenga ingresos medios.
Reportes de la Organización Mundial de la Salud confirman que el presupuesto dedicado a este sector creció entre 2007 y 2014 en 173 por ciento, prueba de la atención que el Estado brinda a los derechos sociales.
En este contexto, fueron construidos más de 34 hospitales de segundo nivel, mil 61 establecimientos de salud y cerca de 20 mil ítems (plazas) creadas para atender esos servicios. De esta forma la esperanza de vida ascendió de 64 a 71 años.
La educación también fue favorecida con la construcción de mil 206 escuelas para completar un total de 16 mil 733.
Para cerrar brechas entre ricos y pobres, el 28 de diciembre de 2020 con la promulgación de la Ley 1357 quedó aprobado el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), que desde su puesta en vigor hasta diciembre de 2021 recaudó 240,2 millones de bolivianos aportados por 204 contribuyentes cuyo patrimonio anual individual superó los 30 millones de esa moneda.
La letra de la norma establece que este tipo de tributo lo aportan los tenedores de bienes inmuebles, vehículos terrestres y de navegación aérea o acuática.
Así mismo, afecta a las inversiones de capital, depósitos en entidades financieras, dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera, ingresos por seguros, joyas, obras de arte, antigüedades y artículos de colección, y derechos de propiedad intelectual e industrial.
“Las recaudaciones del Impuesto a las Grandes Fortunas #IGF sumaron 163,4 millones de bolivianos (unos 23 millones de dólares), es decir 2,5 por ciento más que en el mismo periodo de 2021”, escribió Arce en su cuenta de Twitter al referirse al primer trimestre del año en curso.
Agregó el mandatario en esa red social que “estamos cerrando las brechas entre ricos y pobres, porque una sociedad más igual, crece más rápido”.
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