La protesta campesina, a cargo de Fuerabamba y otras poblaciones, impide desde el 14 de abril las operaciones de Las Bambas, una de las más importantes productoras de cobre del país.
El dirigente señaló que la empresa de la mina Las Bambas, en la región surandina de Apurímac, no cumple con los compromisos contraídos, al adquirir las tierras de comunidades de la zona para sus operaciones, a cambio de dotarlas de otras áreas y otorgarles más compensaciones.
Lamentó que el primer ministro Aníbal Torres dijera anoche ante el Congreso que no se reunió esta semana con los comuneros de Fuerabamba para evitar un posible secuestro.
“Nos duele que nuestras autoridades nos tilden de secuestradores”, comentó Vargas, al señalar que los comuneros son campesinos y no delincuentes y que la palabra secuestro ni quiera existe en su idioma, el quechua.
Dijo que el Gobierno, más que mediador entre los labriegos y la empresa transnacional MMG, debe hacer que esta honre sus acuerdos con las comunidades.
Pidió además apoyo oficial para atender a los heridos en los disturbios del 27 de abril último, en una operación de desalojo de tierras que los fuerababinos habían ocupado para recuperarlas ante lo que consideran incumplimientos de MMG.
En esa operación, según los labriegos y medios de prensa, civiles contratados por la empresa y con indumentaria de policías, desalojaron con violencia a los comuneros.
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