Ese organismo informó que ha instruido a su Unidad de Cooperación Internacional que inicie el proceso de extradición del capitán Giácomo Pisani, quien dejó Perú el 9 de marzo pasado, al día siguiente que el fiscal investigador del derrame de cerca de 12 mil barriles de crudo solicitó se le impidiera salir.
Pisani viajó al exterior antes que la orden de arraigo se aprobara, pero su extradición se justifica por la importancia de su declaración ante los fiscales, que incriminan a Repsol, empresa española que, a su vez, denunció al capitán como supuesto responsable de la catástrofe.
La empresa italiana Fratelli d’Amico Armatori, dueña del buque Mare Doricum, que el 15 de enero pasado descargaba petróleo frente a las playas del municipio de Ventanilla, para la refinería de Repsol, confirmó la salida de Pisani porque nada se lo impedía y porque había terminado su contrato con la naviera.
El procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, pidió entonces no desviar la atención que debía mantenerse en Repsol y aseveró que “en esta historia el capitán del barco es secundaria” y acusarlo significaría suponer que el problema es el manejo del barco.
Pisani, en su testimonio ante los fiscales, señaló que Repsol incurrió en diversas irregularidades como demorar hasta el día siguiente la inspección por buzos de la conexión submarina rota y no establecer una barrera de contención de todo el contorno del barco. El asesor legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Percy Grández, señaló la importancia de la presencia de Pisani en el futuro juicio, pues no podrá fundamentar o ampliar lo declarado ante la Fiscalía como contraste de lo dicho por Repsol.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual anunció en días pasados una demanda por cuatro mil millones de dólares contra Repsol y otras empresas vinculadas a la operación.
La empresa rechazó la demanda y alegó que ha cumplido con limpiar el crudo de las playas y ha comenzado a pagar una parte de una indemnización por determinar, a pescadores y otros afectados por la catástrofe.
Para el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, el daño causado es incalculable y evaluarlo es una tarea por realizar, pues hay perjuicios de largo aliento, como la contaminación de los fondos marinos que permanece durante al menos diez años, además de las afectaciones en playas y en la marina, entre otras.
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