De acuerdo con la Campaña contra la Extradición de Assange, el intelectual argentino envió una carta en inglés a la ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, quien tiene en sus manos el futuro del periodista australiano desde que el Tribunal Superior londinense derogó en abril pasado un veredicto anterior contrario a su traslado a territorio norteamericano.
Tras recordar que la jueza de primera instancia se opuso a la extradición de Assange por temor a que su precaria salud mental lo indujera a suicidarse en una prisión estadounidense, Pérez Esquivel alertó a Patel que podría haber consecuencias potencialmente fatales para el ciberactivista si Reino Unido decide entregarlo a la justicia estadounidense.
Estados Unidos pretende juzgar al periodista por publicar en WikiLeaks archivos secretos en los cuales se exponen crímenes de guerra cometidos por sus militares en Iraq y Afganistán y miles de documentos comprometedores para la diplomacia norteamericana.
De ser juzgado y declarado culpable por un tribunal norteamericano, Assange, quien está encerrado en una cárcel de máxima seguridad británica desde su arresto en la embajada de Ecuador en Londres, en abril de 2019, podría ser condenado a 175 años de cárcel a partir de los 17 cargos que se le imputan.
El intelectual argentino, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1980, consideró, sin embargo, que la petición de Washington es ilegal y abusiva, por lo que exhortó a la ministra del Interior a defender el Estado de derecho y rechazar la extradición.
También le recordó que varias organizaciones internacionales, incluido las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, además de decenas de jefes y exjefes de Estado, han expresado preocupación por la situación de Assange y abogan por su liberación.
Me sumo a la creciente preocupación colectiva por las violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos del señor Julian Assange, agregó Pérez Esquivel, quien alertó, además, a Patel que la persecución de que es objeto el fundador de WikiLeaks sienta un mal precedente para la libertad de prensa, y ratifica la jurisdicción universal de Estados Unidos.
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