El Título 42 es una orden de salud relacionada con la pandemia de Covid-19 que fue impuesta durante el gobierno de Donald Trump y cuyo vencimiento estaba programado por la Administración de Biden para el próximo lunes 23 de mayo, lo que habría reabierto las puertas a los solicitantes de asilo en la frontera por primera vez en más de dos años.
Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional se preparaban para recibir hasta 18 mil migrantes por día, en comparación con los ocho mil actuales, si se levantaba la medida.
El fallo supone nuevos retrasos para miles de personas que esperan una oportunidad de buscar refugio en Estados Unidos, pero evita una posible crisis en la frontera al dar a la administración más tiempo para poner en marcha su plan para manejar el gran número que se espera, indicó un informe del diario The New York Times.
«El gobierno de Biden probablemente esté respirando aliviado porque no estaba preparado para que se levantara la norma», dijo Wayne Cornelius, director emérito del Centro de Estudios Comparativos de Inmigración de la Universidad de California en San Diego.
La suspensión del Título fue sugerida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en abril observando la disponibilidad de vacunas eficaces para combatir el coronavirus.
El juez Robert R. Summerhays, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Luisiana, emitió una orden judicial preliminar que ordena a la administración mantener la norma en vigor por ahora, posponiendo de hecho lo que casi con seguridad serían decenas de miles de nuevas admisiones de inmigrantes.
Veinticuatro estados, encabezados por Arizona, Luisiana y Missouri, demandaron el 3 de abril, dos días después de que el C.D.C. anunciara el levantamiento de la orden de salud pública, argumentando que la aplicación continua del Título 42 era necesaria para evitar la amenaza de una «ola de migración ilegal y tráfico de drogas».
Esas demarcaciones consideraron que volver a las prácticas normales de aplicación causaría un daño irreparable.
Precisó el Times que los abogados del gobierno argumentaron en el tribunal que el C.D.C. determinó que la autoridad del Título 42 ya no estaba justificada, y que obligar al gobierno a aplicar la política equivalía a una intromisión en la autoridad de la agencia para supervisar el control de las enfermedades transmisibles.
Desde marzo de 2020 fueron expulsados unos dos millones inmigrantes en virtud de la orden, lo que afectó a muchas personas que, de otro modo, habrían sido admitidas en el país para que se evaluaran sus solicitudes de asilo o se les abriera un proceso de deportación. Estos procesos suelen durar meses o años.
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