Bell aseveró ser blanco de una campaña de desprestigio dirigida a él y al organismo que administra, y deploró las maniobras “malintencionadas” que lo relacionan con el comercio ilegal de armas de fuego.
No obstante, este viernes investigadores de la Unidad Anticorrupción y de la Dirección Central de la Policía Judicial allanaron la Dirección General de Aduanas en el marco de una pesquisa sobre la gestión del directivo.
De acuerdo con medios locales de prensa, se confiscaron los teléfonos de los presentes y se prohibió a los empleados salir de la institución.
Bell aseguró a la prensa que se esperaba acciones como esas “porque las nuevas medidas que he tomado para controlar ciertos contenedores que forman parte del circuito verde están molestando a algunos importadores”, manifestó.
Además, aseveró, que suscita muchas quejas su determinación para que los almacenes de depósito y los despachos de aduana aéreos estén equipados con modernos escáneres para un mejor control que permita luchar contra el tráfico de armas y municiones, que obstaculiza la seguridad en el país.
Las autoridades no se pronunciaron públicamente sobre el caso de Bell, quien llegó al cargo en 2018, bajo el Gobierno del asesinado presidente Jovenel Moïse.
A inicios de este año el funcionario también estuvo involucrado en otro escándalo, cuando la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos denunció que la Administración General de Aduanas entregaba todos los meses tres millones de dólares al expresidente Michel Martelly.
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