Este litigio se conoce con ese nombre porque, en 1971, una madre joven de Texas, bajo el seudónimo de “Jane Roe”, presentó una demanda contra el fiscal del distrito local, Henry Wade, al no poder abortar su tercer embarazo por las estrictas leyes de su estado.
El fallo le dio la razón a Roe y la sentencia fue histórica, porque legislaba que el aborto no podía ser prohibido durante el primer trimestre de embarazo, ya que eso atentaba contra el derecho a la intimidad de la mujer. Antes del caso, en 30 de los 50 estados del país la interrupción era completamente ilegal.
Los temores de la comunidad que defiende los derechos reproductivos de las mujeres se dispararon recientemente, luego de que se filtrara un dictamen preliminar de la Corte Suprema que elimina el caso, que introdujo al aborto como un derecho constitucional.
Reuniremos todos los argumentos legales que se nos ocurran para evitar que la mitad del país se convierta en los próximos meses en un desierto de acceso a la interrupción; exploraremos una variedad de nuevas tácticas, aseguró hace pocos días la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles Alexa Kolbi-Molinas.
Desde hace décadas, los activistas en favor de la interrupción del embarazo están atrapados en un juego de torceduras legales que busca imponer prohibiciones sobre el procedimiento y que se expande de un estado a otro, con especial fuerza en aquellos controlados por el Partido Republicano.
Sin embargo, desde 1973, se han amparado en el precedente establecido por el caso Roe -que garantiza el derecho al procedimiento quirúrgico antes de la viabilidad fetal-, pero esa principal herramienta de lucha podría desaparecer en cuestión de semanas, una vez que la Corte emita su declaración final.
Aunque la administración de Joe Biden afirmó que anunciará acciones ejecutivas para proteger el acceso al procedimiento en caso de que la justicia falle contra el caso Roe, se espera un aluvión de prohibiciones a nivel de los estados, sin exenciones por violación o incesto.
El Instituto Guttmacher estima que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían sin acceso al aborto, y la revocación afectaría mayormente a las pobres, las latinas y las afrodescendientes.
El gobierno federal y los activistas necesitarán pensar qué argumentos únicos y novedosos podrían aplicar, dijo Greer Donley, profesor de derecho en la Universidad de Pittsburgh.
Algunos grupos defensores se están preparando para peleas legales con las autoridades locales que intentan prohibir los viajes interestatales para el realizar el procedimiento.
En la nueva era, según expertos, las constituciones de los estados de la Unión también podrían ayudar a reforzar los reclamos de protección del aborto.
Si bien algunos territorios reconocen explícitamente este derecho, otros tienen un lenguaje más vago sobre la privacidad, la igualdad de género que podrían permitir desafiar de manera efectiva las prohibiciones en el futuro.
Los juristas también están explorando una táctica utilizada durante mucho tiempo por los defensores de los no nacidos: la libertad religiosa. Buscan movilizar a demandantes judíos cuya religión permite el aborto.
“Nos estamos preparando para mundo sin el caso Roe v. Wade. Que no piensen los legisladores que nos quedaremos de brazos cruzados ante este ataque de múltiples frentes”, concluyó Kolbi-Molinas.
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