En un comunicado llamaron la atención al Gobierno por el entorno preelectoral marcado por altos niveles de violencia, violaciones a los derechos e injerencias indebidas que atentan contra el ejercicio del derecho al voto, la participación política y la celebración de elecciones libres y justas.
«Una de las preocupaciones surge ante las constantes amenazas y actos de intimidación ejercidos contra varios candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de Colombia, que han provocado que algunos…hayan suspendidos actos propios de la campaña electoral», enfatizaron.
El ultimo hecho de este tipo fue lo ocurrido contra Francia Márquez, aspirante a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, quien el pasado sábado fue apuntada con un láser en su cabeza mientras se encontraba en un acto de cierre de campaña en esta capital, lo que la obligó a abandonar el lugar tras el riesgo contra su vida, recordaron.
Asimismo, recalcaron que la Misión de Observación Electoral cataloga este período previo a los comicios presidenciales del próximo domingo como «el más violento contra líderes políticos, sociales y comunales».
Manifestaron profunda preocupación por los hechos violentos ocurridos contra diversas comunidades entre el 5 y el 10 de mayo, tras un paro armado anunciado públicamente por grupos paramilitares.
Hicieron especial mención a «la poca o nula respuesta del gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas para prevenir acciones en contra de la población, y para proteger la vida, integridad física y psicológica de estas comunidades» por ese hecho que afectó a 178 municipios de 11 departamentos.
Advirtieron que, al anterior panorama, se suman la injerencia indebida en las elecciones por parte de altos funcionarios del gobierno, quienes podrían estar haciendo uso de sus cargos y poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato o agrupación política.
Agregaron estar alertas, ante ciertas decisiones de la Procuraduría General que podrían violentar derechos políticos de funcionarios elegidos popularmente, como el caso del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, suspendido temporalmente de su cargo.
Manifestaron su preocupación por la detención y posterior deportación el pasado domingo en el aeropuerto El Dorado, de la ciudadana norteamericana Teri Mattson, quien viajó a Colombia como parte de una misión internacional de observación electoral.
«Finalmente, hemos conocido de una nueva tensión que se suma a lo anteriormente señalado ante un posible escenario en el que el Registrador Nacional del Estado Civil podría ser suspendido, en pleno desarrollo de las elecciones», indicaron.
Dentro de las organizaciones que suscriben el comunicado están Nexus Human Rights, Defendamos la Paz Internacional, Ecos de Colombia Australia y Costa Rica, Víctimas del conflicto colombiano residentes en Venezuela, Congreso de los Pueblos Europa, Equipo Claretiano Ante la ONU, entre otras.
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