Las bancadas parlamentarias de los partidos Avanza País y Renovación Popular, de esa tendencia, recogieron la denuncia de la Contraloría General, de que Boluarte hizo gestiones como presidenta de un club provinciano y violó así la norma que le exige dedicación exclusiva al cargo de ministra de Inclusión Social.
Los dos grupos anunciaron por separado sus acusaciones, que apuntan a suspender o inhabilitar a Boluarte hasta por 10 años, como corresponde a la infracción, aunque antes el Congreso la interpelará en su calidad de ministra.
El abogado Alberto Otárola cuestionó, sin embargo, la acusación, al señalar que ella renunció a la presidencia del Club Apurímac -su región natal- y las gestiones que hizo fueron simples trámites en los registros públicos o subsanaciones pendientes relacionadas con su dejación del cargo.
“Hasta cuándo no van entender que la infracción constitucional de la vicepresidente no interesa que sea legal, ilegal o alegal; en política parlamentaria importan los votos, la correlación de fuerzas y casi nunca la razón o legalidad”, advirtió el secretario general del cogobernante Partido Perú Libre (PPL), Vladimir Cerrón.
El congresista de Renovación Popular José Cueto confirmó con entusiasmo que, además, está en marcha la acusación constitucional contra Castillo por supuesta “traición a la patria”.
La imputación se basa en que Castillo dijo en una entrevista, sobre la entrega de una salida al mar a Bolivia, que no haría nada sin consultar al pueblo, lo cual, según Cueto, denota la supuesta intención de ceder soberanía y, por tanto, traición a la patria, aunque Castillo ha descartado la entrega.
Para sancionar al mandatario con su inhabilitación y consiguiente retiro del cargo, la oposición solo necesita mayoría simple en el Congreso de la República, con la cual la derecha extrema cuenta, pues arrastra en ese afán a grupos considerados de centro.
Ese procedimiento toma meses, por lo que Cueto no descartó el más expeditivo de la “vacancia por incapacidad moral permanente”, la cual requiere de mayoría calificada, de dos tercios de los miembros del parlamento y ha fracasado dos veces.
El legislador dijo que espera lograr los dos tercios con el impacto de audios revelados por una televisora de extrema derecha, de diálogos entre Zamir Villaverde, un empresario hoy preso por corrupción, y Bruno Pacheco, el prófugo exsecretario de Castillo.
En una grabación, registrada en las vísperas del inicio del Gobierno, ambos hacen planes de corrupción y mencionan al presidente como enterado de trajines de ese tipo, lo que ha encontrado gran eco en la prensa, mayoritariamente opositora.
El primer ministro, Aníbal Torres, pidió que la Fiscalía investigue los audios filtrados con celeridad, para evitar especulaciones.
Para el secretario general del cogobernante PPL las operaciones contra Dina Boluarte y el presidente apuntan a un golpe blando, pues sin ambos, la sucesión recaería sobre quien presida el Parlamento.
De esa manera, serían defenestrados no solo Castillo, sino su gobierno entero, debilitado por la desgastante oposición y por errores y limitaciones propias.
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