Sánchez, quien investiga el caso por el rango de los mencionados, planteó la medida para el extitular de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, y los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, del centrista partido Acción Popular.
El fiscal pidió la obligación de permanecer en el país por 26 meses para Silva y por nueve meses para los legisladores
La investigación a Silva se inició el 5 de mayo, después de que, a fines de febrero, renunciara al cargo que ejerció desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, lapso durante el cual fue objeto de críticas y sospechas en varias oportunidades.
El exministro es investigado por el contrato de construcción de un puente en la zona selvática del país, caso en el que son indagados el exsecretario del presidente Pedro Castillo, Bruno Pacheco, prófugo y objeto de otras acusaciones, y Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del jefe de Estado.
Los seis parlamentarios, por su parte, son investigados por posible delito de tráfico de influencias, debido a denuncias de la prensa y de acusaciones de la empresaria lobista (gestora de intereses privados) Karelim López, indagada por dar sus servicios a la empresa Termirex que obtuvo el irregular contrato del puente.
López ha afirmado públicamente, sin pruebas, que el presidente Castillo encabeza una red corrupta integrada por Silva y los sobrinos del mandatario, entre otros.
El exministro, por otra parte, protagoniza un audio en el que, en días previos al inicio del gobierno actual, hace planes con Bruno Pacheco para controlar ministerios con fines de corrupción y refieren que Silva habría pagado una suma millonaria por ser designado ministro, lo que el aludido negó hoy al declarar ante una comisión parlamentaria.
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