El sondeo de Morning Consult y Politico, realizado un día después del tiroteo que dejó 19 niños y dos maestras muertas en una escuela de Texas, refleja cómo la cultura de portar esos artefactos letales está impregnada en parte de la sociedad norteamericana, pues un segmento de la ciudadanía está a favor de su venta, aunque sea con ciertas restricciones.
A pesar de los más de 200 tiroteos masivos ocurridos en el país en 2022 y el apoyo público a leyes de armas más estrictas, en el Senado duerme un proyecto precisamente sobre la verificación de antecedentes penales para quienes deseen comprar un arma.
Basados en la interpretación de la Segunda Enmienda de la Constitución, congresistas -en su mayoría republicanos- se niegan a limitar el acceso al armamento en un país donde diariamente más de un centenar de personas es víctima de disparos.
La poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) presiona a los legisladores para rechazar cualquier cambio y mientras se mantiene el desacuerdo en el Capitolio, es la población, en especial las minorías negra y latinas, la que pone las cuotas de muertos.
Tal es la fuerza de esa Asociación que a pesar de la conmoción tras la matanza en la escuela de Texas, mantienen hasta ahora un “foro de liderazgo” marcado para el 27 de mayo en ese mismo estado donde ocurrió la tragedia.
Entre los senadores republicanos financiados por la NRA se encuentran Mitt Romney (13 millones de dólares), Richard Burr (casi siete millones), Roy Blunt (4,5 millones), Thom Tillis (cuatro millones), Marco Rubio (3,3 millones) y Mitch McConnell (1,2 millones), según la organización Public Citizen.
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