“El Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado y ha notificado la Acción de Inconstitucionalidad Concreta que había presentado la defensa de la señora Añez con relación a los delitos por los cuales está siendo juzgada”, aseguró el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
Al subrayar que con esa maniobra la defensa de la acusada intentó obstaculizar el avance del juicio, el titular recordó que en este expediente la exlegisladora es procesada por Resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado y las Leyes e Incumplimiento de Deberes.
La acción fue presentada por los abogados el pasado 29 de abril en el contexto de la vista oral en la que se juzga la actuación de Áñez entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019.
Durante esas 72 horas en su condición de senadora de la minoría parlamentaria, se autoproclamó inconstitucionalmente cabeza de la cámara alta y, posteriormente, desde esa posición mandataria de Bolivia ante un hemiciclo sin quórum y en franca vulneración del Reglamento del Senado y del artículo 169 de la Constitución.
Al conocerse la decisión del TCP, el ministro de Justicia expresó que “en este momento el Tribunal que está haciendo el juicio en la ciudad de La Paz, puede reinstalarlo”.
Lima reclamó de las autoridades judiciales que dentro de los límites de un debido proceso “puedan continuar con esta causa que es parte de la demanda del pueblo boliviano por memoria, verdad y justicia».
Insistió en que el TCP eliminó el último obstáculo legal que existía para que continúe el juicio, se pronuncien los alegatos y se dicte la sentencia correspondiente, conforme indican las reglas.
En este expediente están incluidos el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman (prófugo); el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce, y el extitular del Ejército, Pastor Mendieta.
También están acusados el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros, y el de la Armada, Palmiro Jarjury. Según el Ministerio Público, Todos ellos ayudaron a que Áñez se encumbrara en el Gobierno.
No obstante, Terceros y Jarjuri aceptaron recientemente su culpa por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes en grado de complicidad.
Sobre esta base fueron sentenciados en juicio abreviado a tres años de prisión en los penales de Patacamaya, La Paz, y Palmasola, Santa Cruz, respectivamente.
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