El letrado argumentó que esos delitos no corresponden a los de traición a la patria, impedimento de elecciones, disolución ilegal del parlamento o cierre del tribunal electoral, los únicos por los que puede ser denunciado y sancionando un presidente en funciones.
Sostuvo que el artículo de la carta magna que impide acusar al mandatario no puede interpretarse como luz verde para investigarlo, como sostiene el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pues su esencia es proteger la institución presidencial, lo cual excluye investigarlo.
También adelantó que el caso puede sentar un precedente negativo que permitiría en el futuro investigar por más motivos al gobernante, que tendría que dedicarse a defenderse de las acusaciones en vez de enfocarse en gobernar.
Espinoza declaró también que en la investigación abierta, los fiscales no pueden ingresar a algunos sectores del palacio de gobierno en los cuales “se alojan secretos de Estado”.
“La Fiscalía cree que puede venir al palacio de gobierno como si fuese cualquier lugar; eso no es así. Vamos a frenar eso, vamos a tomar las acciones que correspondan”, afirmó.
El presidente Castillo negó ayer que esté involucrado en hechos de corrupción y anunció un proyecto de ley de eliminación de la inmunidad jurídica que protege al presidente, los parlamentarios, los ministros y otros altos funcionarios del Estado.
También sostuvo que se ha desatado “una persecución política irracional” en su contra.
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