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Critican protección a exfiscal destituido en Perú

PEDRO-CHAVARRY peru
Lima, 2 jun (Prensa Latina) El fiscal Anticorrupción de Perú, José Pérez, cuestionó hoy la decisión del Parlamento de no inhabilitar al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry por obstrucción a la justicia en favor de la dirigente neoliberal Keiko Fujimori.

Pérez, quien inculpó a Fujimori por lavado de activos, obstrucción a la justicia y pertenencia a una organización criminal, comentó el acuerdo legislativo de una acusación constitucional a Chávarry y la falta de mayoría suficiente para inhabilitarlo por 10 años para ejercer funciones públicas.

“Blindaje implica protección. Si hay una solicitud de inhabilitación y esta no ha sido aprobada, se entiende que hay un mecanismo de protección, hay un blindaje”, dijo Pérez, a quien Chávarry destituyó por supuesta indisciplina en diciembre de 2018.

Pérez había acusado previamente a Chávarry de proteger a Fujimori en una investigación por lavado de activos y de desaparecer pruebas que la incriminaban y que estaban en custodia en el área de las oficinas del entonces fiscal de la Nación.

La destitución fue rechazada por los fiscales, que cerraron filas con Pérez y ante el escándalo desatado, Chávarry se vio obligado a renunciar en los primeros días de 2019, y posteriormente fue destituido y retirado del Ministerio Público por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El polémico exfiscal tiene pendiente un proceso judicial por su pertenencia a una red de corrupción judicial y política integrada por jueces, fiscales, políticos, empresarios y otros personajes, dedicados a traficar con sentencias y usarlas en intercambios de favores.

Como cabecilla de esa organización es señalado el ex juez de la Corte Suprema, César Hinostroza, prófugo en España y en trámite de extradición para su juzgamiento en Perú.

El pleno congresal de ayer resolvió formular una acusación constitucional contra Hinostroza por los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado.

Además, el Congreso acordó acusar a los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez por diversos delitos presuntamente cometidos como miembros de la citada red.

El grado de corrupción en el CNM, según las investigaciones, alcanzó tal nivel que fue disuelto y en su lugar se creó la Junta Nacional de Justicia. car/ mrs

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