El problema mantiene paralizada desde hace casi dos meses la mina Las Bambas, explotada por la transnacional MMG, por un diferendo en el que los comuneros ocupan tierras transferidas a la empresa a cambio de compensaciones que, afirman, no cumplen, por lo que quieren recuperar los predios.
Varios intentos de diálogo fracasaron, ante lo cual el Gobierno conformó una comisión ministerial dedicada al tema, encabezada por la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, e integrada por los titulares de Justicia y Derechos Humanos, Comercio Exterior, Transportes y Comunicaciones, Ambiente y de la Mujer.
El presidente Pedro Castillo pidió además que la Conferencia Episcopal católica ejerza mediación en la controversia y los obispos respondieron que considerarán el pedido si lo demandan las seis comunidades involucradas y la empresa MMG.
La Conferencia Episcopal advirtió en un comunicado que “el diálogo es el único camino para solucionar las diferencias, y no la violencia” y llamó a los involucrados en el conflicto a pensar en el bien común y el bien del país.
En ese contexto, el jefe de la Policía de la región surandina de Apurímac, general Roger Pérez, declaró sorpresivamente que tiene lista una operación de desalojo de las tierras ocupadas por los mineros y que solo espera el momento adecuado para su ejecución.
“Estamos trabajando ahora para decidir cuál es la fecha más adecuada”, dijo en una entrevista radial, y añadió que la Policía enviará primero una comisión a pedir que abandonen las zonas ocupadas “pero si hay intransigencia vamos a tener que usar la fuerza para desalojarlos”.
Añadió que sus hombres harán uso de la fuerza progresivamente y sostuvo que la Policía no ejerce violencia sino aplica “la fuerza en nombre del Estado”, aunque en la operación anunciada se usarán solo escopetas de perdigones y gases lacrimógenos y los comuneros han advertido que resistirán cualquier intento de desalojo.
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