El líder de la mayoría en la Cámara Alta, Chuck Schumer, celebró el acuerdo bipartidista alcanzado este domingo, pero reconoció que es un camino “potencialmente rocoso” para conseguir su aprobación final, divulgó el diario Politico.
El acuerdo y la prisa por llevarlo al plenario refleja la presión del año electoral sobre ambos partidos para actuar rápidamente después de los tiroteos masivos en mayo que mataron a 10 personas en Buffalo, Nueva York, así como a 19 niños y dos maestras en una escuela de Uvalde, Texas.
Muchos consideran que ese pacto entre un grupo reducido de demócratas y republicanos está lejos de resolver el problema de la violencia armada, pues solo propone disposiciones que dificultan la compra de esos artefactos, no su prohibición.
El propio presidente Joe Biden admitió que aunque contiene puntos esenciales aún no es suficiente para detener la actual situación del país, donde se registran ya más de 260 tiroteos masivos en 2022, según la organización Gun Violence Archive.
La normativa, de superar el obstruccionismo republicano y ser aceptada finalmente, impediría la compra de armas a personas muy jóvenes, a quienes ya tengan otros equipamientos letales, o a aquellos considerados una amenaza.
Igualmente, las negociaciones preliminares indican que incluiría esfuerzos para abordar los problemas de salud mental y seguridad escolar.
Los detalles del plan siguen en negociación, y permanecen desacuerdos sobre qué tan estrictas deben ser las medidas, por lo cual aún se desconoce el verdadero alcance de la legislación.
La iniciativa sale a la luz en medio del reavivado debate nacional sobre el control de armas de fuego y luego de que la Cámara de Representantes aprobara la semana pasada una amplia propuesta en ese sentido, aunque por ahora no está prevista su discusión en el Senado.
Entretanto, miles de personas marcharon el fin de semana en distintas ciudades del país para exigir un mayor control de los dispositivos letales después de las matanzas de las últimas semanas.
Hasta el momento los intentos por concretar en el Congreso leyes de ese tipo chocaron con la oposición del fuerte lobby de la Asociación Nacional del Rifle, defensor del derecho constitucional a portar armas de fuego.
El fácil acceso a esos artefactos en Estados Unidos hace que circulen más de 390 millones en manos de civiles.
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