«En uno de los hechos conocidos, particulares habrían disparado armas traumáticas contra varios ciudadanos con la aparente connivencia de algunos uniformados que estaban en el lugar», señaló la Fiscalía.
En ese sentido, imputó los delitos de usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos a Rafael Andrés Escobar, Diego León Quiroz, Juan Antonio Córdoba, Andrés Felipe Chicaiza y Francisco Córdoba García.
Adicionalmente, a Escobar González se le formuló el cargo de amenazas agravado por el nivel de intimidación que, al aparecer, ejerció sobre la ciudanía, añadió.
Además, por los delitos de tortura agravada y privación injusta de la libertad, fueron imputados los integrantes de la Policía Nacional Jhon Madrid, Andrés Quintero, Germán Alejandro Ospina y Alexis Mosquera.
Esto, con relación a la aprehensión de varios jóvenes, y el traslado y graves agresiones que, supuestamente, le propinaron a un estudiante de música en la estación de policía de La María.
Les fue imputado el delito de prevaricato por omisión a otros policías como el mayor Mauricio Gómez, el teniente Aurelio Guevara, entre otros.
El material de prueba da cuenta de que, presuntamente, omitieron actos propios de sus funciones y permitieron que los civiles atacaran a los manifestantes.
El 29 de mayo de 2021, una misión de verificación, observación y acompañamiento a puntos de concentración y manifestación pacífica en Colombia alertó sobre la grave situación de violación a los derechos humanos y la protesta social en Cali.
«Han quedado ampliamente registrados y documentados múltiples hechos de civiles disparando con armas de largo alcance en contra de manifestantes que se encontraban en diferentes puntos de la ciudad adelantando actos pacíficos», denunció en ese momento.
Esos civiles desarrollaron sus acciones con pleno conocimiento de la fuerza pública, aseveró la misión integrada por representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, acompañantes de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, y otros.
Advirtió también, que hubo evidencia del ocultamiento de las identidades, placas y distintivos como miembros de la fuerza pública.
El 28 de mayo de 2021, a un mes de iniciado el Paro Nacional, el presidente Iván Duque ordenó el despliegue máximo de fuerza militar en Cali y otros ocho departamentos para «prestar asistencia a la policía» ante el estallido social en el país generado por el descontento de la población a causa de las políticas gubernamentales.
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