La subcomisión de acusaciones constitucionales, de mayoría opositora, acordó declarar procedente la denuncia constitucional contra Boluarte por violar la constitución al realizar trámites burocráticos siendo ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
La denuncia invoca una norma constitucional que prohíbe a los ministros realizar actividades simultáneas en los sectores estatal y privado y Boluarte actuó como presidenta del club regional Apurímac siendo ministra, por lo que debe ser inhabilitada para funciones públicas, lo cual implica su cese como vicepresidenta.
El abogado de Boluarte, Alberto Otárola, denunció que la oposición parlamentaria intenta una “inhabilitación express (sumaria)” de su cliente en función de destituir al mandatario, con lo cual la presidencia quedaría en manos del titular del Congreso y quedaría fuera toda la administración de Castillo.
Añadió que la subcomisión apuró el tratamiento del caso Boluarte, relegando otros más graves, como la acusación al expresidente Manuel Merino, bajo cuyo fugaz gobierno, en 2020, la policía reprimió con un saldo de dos muertos una protesta generalizada que a la postre obligó a renunciar al personaje.
Sobre la acusación a la vicepresidenta, el abogado señaló que Boluarte solo firmó documentos pendientes correspondientes a su gestión como titular del club Apurímac, lo que es usual en una transferencia al nuevo presidente.
Una grabación de audio de los primeros meses del gobierno de Castillo evidenció recientemente una conversación de la presidenta opositora del Congreso, Maricarmen Alva, en la que habla del proyecto de vacancia del mandatario Castillo y señala que previamente habría que cesar a Boluarte.
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