El ejecutivo perteneciente al Partido Popular Democrático (PPD) envió a las 23:59 hora local del jueves una carta de renuncia a la presidenta de la Legislatura Municipal, María de Lourdes Zayas, que lo confirmó en el transcurso este viernes.
Desde enero pasado el nombre del funcionario saltó a la palestra en medio del arresto por corrupción de otros alcaldes y de su vicealcalde Radamés Benítez, apresado en diciembre de 2021 por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) por conspiración, soborno y extorsión.
Tras el arresto de su segundo al mando, Cruz —quien agotaba su cuarto término desde 2009— reaccionó sorprendido y estableció que “la corrupción hay que atacarla” sin importar su procedencia.
Pese a que no estableció las razones para su dimisión, después de mantenerse resguardado desde febrero pasado, aunque asistía a la alcaldía de Trujillo Alto, contiguo al municipio de San Juan, hay la sospecha de que colaboraba con la fiscalía federal en Puerto Rico.
El PPD anunció que en los próximos 30 días celebrará elecciones especiales en Trujillo Alto, donde ya han surgido algunos aspirantes, mientras Edgardo Díaz-Torres, dirigirá el municipio.
Desde diciembre de 2021, el FBI ha arrestado a dos alcaldes del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) y otros tres del PPD, que se han alternado el control de esta isla del Caribe desde hace más de 50 años.
El primer gran golpe contra la corrupción gubernamental conllevó el arresto de Félix Delgado, alcalde de Cataño, municipio en el sur de la bahía de San Juan y del presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR), Ángel Pérez, quien estaba al frente de Guaynabo.
La FAPR aglutina a los primeros ejecutivos de los ayuntamientos controlados por el PNP, mientras que los imputados recibía sobornos mensuales de entre 5 mil y 10 mil dólares a cambio de contratos a dos empresas de asfalto y una tercera de recogido de basura.
Por Primera vez se ha imputado a empresarios, como Oscar Santamaría, dueño de Waste Collection y otras dos compañías que usaba para dar los sobornos, y Raymond Rodríguez-Santos, de J.R. Asphalt, quienes aceptaron su culpabilidad mediante acuerdos con la fiscalía federal.
jha/nrm
