A pesar de las crecientes evidencias reunidas por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes y en algunos de los casos federales contra los implicados en el ataque del Capitolio, el fiscal general Merrick Garland tiene en sus manos una decisión difícil, indicó un informe publicado por el diario The New York Times.
¿Debe Estados Unidos acusar al expresidente Donald Trump?, preguntó Jack Goldsmith, exfiscal general adjunto, en la oficina de asesoría jurídica, y como asesor especial del asesor general del Departamento de Defensa en la administración de George W. Bush.
Las acusaciones básicas contra el exmandatario son bien conocidas. Haciendo caso omiso de los consejos de muchos de sus ayudantes más cercanos, incluido el fiscal general William Barr, afirmó falsamente que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas y robada, apuntó el letrado.
Asimismo, agregó, presionó al vicepresidente Mike Pence para que se negara a contar los votos electorales certificados para Joe Biden durante el recuento electoral en el Congreso el 6 de enero; y enfureció a una turba, la dirigió al Capitolio y se negó a tomar medidas para detener la violencia resultante.
Precisó Goldsmith que para acusar al magnate neoyorquino por estos y otros actos, Garland debe tomar tres decisiones, cada una más difícil que la anterior, y ninguna de las cuales tiene una respuesta obvia.
El analista citó, entre otros, posibles conflictos de interés para Garland, el nombramiento de un fiscal especial si la investigación presenta un conflicto de intereses para el departamento y si el fiscal general cree que tal nombramiento sería de interés público.
En otra de sus valoraciones Goldsmith señaló que si Garland abre una investigación sobre Trump, la segunda cuestión es si tiene pruebas adecuadas para acusarlo.
La cuestión básica aquí es si, en palabras de las directrices del Departamento de Justicia, los actos del exgobernante constituyen un delito federal y «las pruebas admisibles probablemente serán suficientes para obtener y mantener una condena.»
El caso es complicado en todas las variantes para juzgar al expresidente, y según Goldsmith, los abogados de Trump impugnarán los argumentos jurídicos y fácticos del gobierno, contarán su versión de los hechos, plantearán muchas defensas y apelarán cada decisión legal adversa importante ante el Tribunal Supremo.
En general Garland tendrá que evaluar con cuidado los elementos legales existentes para determinar la aplicabilidad de las leyes penales a las acciones de Trump en lo que sería el primer juicio penal de un presidente, una decisión profundamente controvertida, opinó Goldsmith, en la actualidad profesor de Derecho de Harvard.
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