De acuerdo con el fiscal, la institución rechaza el dictamen de la jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, quien ordenó el sobreseimiento provisional de Mossack, Fonseca y 37 personas, en la investigación de la dependencia contra la Delincuencia Organizada.
Marquínez sustentó que el Ministerio Público (MP) no logró acreditar un delito en este caso y de ahí surge esta controversia para presentar la apelación, indicó Caraballo.
Para la letrada, el MP no demostró qué cuentas fueron creadas en el istmo, con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita, ni los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore (fuera de la plaza).
Tampoco se probó que la firma de abogados mencionada administraba algún fondo o cuentas bancarias brasileñas, según Marquínez.
De acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial, se trata de una pesquisa iniciada en 2016 y vinculaba a una oficina de abogados panameños dedicada a la creación de sociedades anónimas para la supuesta movilización de fondos ilegales del caso Lava Jato, la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil.
Caraballo también informó que está en conversaciones con las autoridades de Estados Unidos para recibir parte de los 18 millones de dólares confiscados a dos hijos del exgobernante Ricardo Martinelli (2009-2014) sancionados a 36 meses de cárcel en el norteño país.
En las audiencias respectivas en una corte de Nueva York, los hermanos Ricardo y Luis Enrique se declararon culpables de la conspiración para lavar dinero, como parte de sobornos a la constructora brasileña Odebrecht.
Caraballo sostuvo que, además, está a la espera de que la audiencia del caso Odebrecht se reanude y siga su curso, tras la sentencia de los hermanos Martinelli Linares por el delito de blanqueo de capitales.
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