En una visita a la surandina región de Puno, en el marco de continuos viajes al interior, Castillo señaló que estaba allí para dar la cara a la población y buscar solución a los problemas del país, así como “para deslindar con los actos de corrupción en todos los rincones del país”.
Añadió que ese delito está enquistado en todo el aparato estatal y dijo que “ese es el país que hemos recibido” y preguntó si la contaminación, la falta de escuelas y de agua potable empezaron hace 11 meses, es decir desde que inició su administración.
Castillo insistió en que sus enemigos son “la contaminación ambiental, la pobreza, la desnutrición, el abandono y la corrupción enquistada en todos los elementos del Estado”.
De otro lado, el abogado del presidente, Benji Espinoza, confirmó que Castillo declarará el lunes próximo ante la comisión de Fiscalización del Parlamento que lo declaró investigado por reuniones con diversos interlocutores fuera del palacio de gobierno luego que no acudió a dos citaciones como testigo.
El letrado apuntó que su cliente no puede ser investigado por una comisión congresal ordinaria como la mencionada, pero lo hará “en un clima de cordialidad y de respeto recíproco entre los poderes del Estado”
El gobernante asistió el pasado viernes al despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien, bajo presión política y mediática, lo incluyó en una pesquisa sobre contratos irregulares de obras públicas, a partir de testimonios de dos empresarios incluidos en la indagación que lo incriminan para aliviar su situación penal.
En el caso están investigados y prófugos el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, así como dos sobrinos de Castillo, quien insiste que las responsabilidades penales son personales y que nada tiene que ver con las mismas.
De otro lado, el diario La República, planteó la posibilidad de que la situación de Castillo se agrave con el desarrollo de la investigación preliminar a la que lo somete el Ministerio Público, pues podría ser impedido de salir del país o investigadas sus comunicaciones.
El abogado Espinoza advirtió que esas medidas son inaceptables, porque solo el Parlamento en pleno autoriza o niega permiso a los presidentes para salir del país y las comunicaciones de un mandatario contienen temas de Estado confidenciales.
El letrado tiene pendiente una apelación judicial para anular la investigación del Ministerio Público debido a que el artículo de la constitución que prohíbe acusar judicialmente a un jefe de Estado, salvo por determinados delitos, en realidad impide investigarlo porque su espíritu es el de proteger la inmunidad presidencial.
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