De acuerdo con el titular, Mesa lidera una de campaña para que el tribunal de apelación desestime el caso Golpe de Estado II, por el que Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión en relación con cargos de incumplimiento de deberes y violaciones a la constitución.
“Actores políticos le están pidiendo, y dictando al oído a ese tribunal de apelación, que anule ese juicio, eso es una injerencia y una violación a la independencia judicial y se lo digo con nombre y apellido a Carlos Mesa y a los líderes de su partido”, dijo Lima.
Junto a Áñez fueron juzgados otras exautoridades, incluidos altos jefes militares, por los referidos cargos cuando de manera inconstitucional asumió la jefatura del Estado tras el golpe contra el expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.
Mesa está en el ojo de la tormenta por su implicación en el proceso judicial llamado Golpe de Estado I, en el que junto a la expresidente de facto y el actual gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, deberá responder a acusaciones de delitos de terrorismo y conspiración.
El proceso también busca ofrecer justicia y reparación a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, donde perdieron la vida 38 bolivianos que reclamaban el retorno de Morales a la presidencia y el respeto a la democracia e institucionalidad del país.
Durante la gestión del gobierno de facto Bolivia retrocedió en importantes indicadores como inversión social, desarrollo educativo, economía, finanzas, infrestructura, y elevó los índices de desempleo, corrupción y endeudamiento externo.
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