Los informes de esa entidad señalan que con corte al 30 de junio pasado, en la nación suramericana fueron registrados 48 casos de mujeres asesinadas, mientras que en ese periodo del año pasado las autoridades comprobaron 60 hechos de ese tipo.
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Forenses, entre las principales causas de muerte asociadas están la asfixia, golpes o traumas, y uso de armas blancas; en menor medida aparecen la intoxicación y arma de fuego.
En cuanto a la muerte de menores, durante el primer semestre del año en curso fueron registrados 21 decesos, cinco más que en los primeros seis meses de 2021.
“Lastimosamente, se ha incrementado el número y tenemos que hacer un llamado a todos los padres y madres de familia que hagan un mayor cuidado de sus infantes”, dijo al respecto el director de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, Sergio Fajardo.
Las investigaciones pertinentes señalan a las madres como las principales responsables de los referidos infanticidios, seguidas de padrastros y madrastas, padres, y ambos progenitores en menor medida.
Dichos fenómenos están en la mira de las autoridades judiciales bolivianas, que en más de una ocasión, junto la sociedad civil, llamaron la atención sobre la necesidad de endurecer las leyes contra los perpetradores de crímenes de esta naturaleza.
El reclamo no cayó en saco vacío, la víspera el presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó la Ley 179/2021 que establece la protección a víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de menores y adolescentes.
La norma busca poner freno al aumento de delitos de este tipo registrados por las autoridades del país suramericano, a partir del aumento de la severidad de las penas impuestas a los mismos.
El jefe de Estado señaló que la ley entrará en vigor como medida de contención a actos de violencia de género en una sociedad donde impera el modelo patriarcal a pesar de los avances sociales de las últimas décadas, entre ellos el empoderamiento de las mujeres y el reconocimiento pleno a los derechos de niños y adolescentes como sujetos y no objetos.
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