La discusión enfrenta visiones distintas sobre la retención por varias horas en la localidad de Chadín, de la región norandina de Cajamarca, de dos reporteros que fueron obligados a leer un comunicado con una especie de autocrítica por sus informaciones sobre presuntas irregularidades del Gobierno.
Lo sucedido fue calificado desde un primer momento como secuestro por los afectados, la mayoría de los medios de prensa y sectores de oposición.
Los reclamos de procesar penalmente a los campesinos se multiplicaron y un representante del Consejo de la Prensa Peruana, que agrupa a los dueños de los diarios, exigió que sean acusados de secuestro y advirtió que la entidad vigilaría el proceso.
Inicialmente, el Gobierno planteó que antes de aplicar ese calificativo, el Ministerio Público debe investigar el caso y esclarecer lo ocurrido.
Bajo la presión que emplazaba al Ejecutivo, el nuevo ministro del Interior, Mariano González, se sumó ayer al criterio opositor y declaró que “para mí, categóricamente, es un secuestro”.
Anotó que definir esa calificación es potestad el Ministerio Público, el cual “tendrá que calificar y tipificar no solamente uno, sino probablemente varios delitos”.
“También es un atentado contra las libertades en general, pero principalmente en contra de la libertad de los periodistas, es un atentado contra la libertad de expresión y de prensa”, añadió.
La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, refutó lo dicho por González y recordó que la Constitución peruana y las convenciones internacionales reconocen la diversidad cultural y la justicia consuetudinaria.
En virtud de ello, dijo, “el Estado les ha reconoce a las rondas que pueden administrar justicia, y eso incluye medidas coercitivas como la retención”, en caso como los de extraños que llegan a una población en la que operan las rondas.
“Las rondas tienen esa facultad. Yo soy cajamarquina y he trabajado toda mi vida con rondas, a mí me han retenido dos veces, siendo cajamarquina y abogada de rondas”, y el procedimiento es conducir al forastero a la casa comunal hasta que aclare qué hace en el lugar, explicó.
Reveló que hay más de mil 800 denuncias de secuestro por ese tipo de incidentes, lo cual carece de fundamento, aunque eventualmente las rondas pueden cometer abusos que se deben investigar y castigar, sin enfocar esos casos como secuestro.
Explicó que los ronderos tampoco puede ser acusados por extorsión a los periodistas (al haberlos obligado a leer contra su voluntad un documento), pues ese delito requiere de que el autor obtenga o busque beneficios económicos y en este caso podrían haber cometido solo un delito de coacción.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos demandó respeto “a la institucionalidad jurídica de las rondas”, que frenaron actividades terroristas en Cajamarca y resuelve allí problemas de inseguridad ciudadana.
“Instamos a no usar políticamente a las rondas campesinas y a informarse sobre la administración de justicia que realizan, la que está amparada por la Constitución”, agregó en un comunicado.
Por su parte, la Central Única de Rondas de la provincia de Chota, Cajamarca, donde ocurrió el incidente con los periodistas Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo, convocó a una concentración en la ciudad de Chota, para rechazar la criminalización de esas organizaciones y exigir que se les respete.
La movilización rechazará el calificativo de secuestradores lanzado contra los ronderos y exigirá el cese de lo que califican como persecución contra sus dirigentes y de la hostilización y desestabilización que, afirman, practican algunos medios de prensa.
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