“Exhortamos a la opinión pública a evitar cualquier tipo de criminalización y/o estigmatización de las rondas campesinas, y convocamos a seguir construyendo el diálogo intercultural que garantice el respeto entre todos los peruanos y peruanas”, señaló el citado organismo en un comunicado.
El texto recuerda que la Constitución faculta a las autoridades de comunidades campesinas y nativas y a las ronda -organizaciones sociales de vigilancia y seguridad- a ejercer funciones jurisdiccionales (lo que incluye retenciones e interrogatorios) “conforme a sus usos, costumbres y normas propias”.
Según la ex primera ministra Mirtha Vásquez, ello impide que los ronderos sean juzgados por secuestro debido a la retención de los reporteros de una televisora de Lima, en la provincia norandina de Chota.
Tales facultades, añade el Ministerio, pueden ejercerlas siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona y pide que se realicen investigaciones objetivas sobre la reciente retención de dos periodistas, “siguiendo los procedimientos establecidos por la ley y los tratados internacionales”.
Reafirma también el pleno respeto del Estado “a la autodeterminación de los 55 pueblos indígenas u originarios, así como de las rondas campesinas y urbanas del país” y resalta el papel de estas en pacificar el país y mantener la seguridad.
Medios de prensa y políticos de oposición exigen que los ronderos que retuvieron a los periodistas sean juzgados por secuestrar, un delito que se sanciona con cárcel hasta por 30 años,
“No somos secuestradores, respetamos los derechos humanos”, destacó un cartel que encabezó la marcha de ronderos en la ciudad de Chota, capital de la provincia del mismo nombre, tierra natal del presidente Pedro Castillo.
Los manifestantes repudiaron la criminalización de la que dicen ser objeto y una protesta similar se realizó en la ciudad norteña y costera de Chimbote, a la que se sumarán otras en diversos puntos del país, informó la Central Única de Rondas Campesinas de Perú.
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