El jefe de la Oficina Defensorial de la Libertad, José Agüero, precisó que los ronderos de la localidad de Chilia, liberaron a las siete mujeres con condiciones, entre esta que no los denuncien penalmente.
La decisión de dejar de retener a las mujeres fue tomada anoche en una asamblea en la que participaron aproximadamente 500 ronderos del lugar, los cuales aprobaron esta madrugada la medida.
Agûero afirmò que las liberadas se niegan a someterse a un examen médico legal que verifique si fueron maltratadas, como denunciaron sus familiares al revelar el caso.
Por su parte, el presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Chillia, Manuel Quijano, rechazó que lo sucedido sea un secuestro, como afirman la prensa, Agûero y el ministro del Interior, Mariano González.
Argumentó que las rondas tienen atribución legal de ejercer la justicia consuetudinaria (tradicional), lo cual incluye retener e interrogar a intrusos y acusados de delitos y las mujeres liberadas confesaron prácticas de hechicería y la muerte de una mujer a causa de las mismas.
“Las rondas campesinas actúan en base al derecho consuetudinario y muchas veces basados en el pluralismo jurídico de las comunidades campesinas de las cuales están afiliadas las rondas campesinas, actúan en base a sus leyes comunales”, dijo.
Quijano refirió que la población detuvo a las acusadas y las entregó a los ronderos y negó que las cautivas fueran torturadas, como afirma una de ellas y sostiene la Defensoría del Pueblo, aunque consideró posible que hubieran sufrido maltratos.
Sobre vídeos mostrados por televisoras que muestran torturas de mujeres con apariencia campesinas, dijo que no corresponden al caso, similar a otros que normalmente dan lugar a noticias policiales o presentados en forma anecdótica.
Sin embargo, la retención y eventuales maltratos a las mujeres se produjo en el contexto de la repercusión de la retención por ronderos, de dos periodistas en la región norandina de Cajamarca, cuando indagaban sobre presuntas actividades irregulares de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.
El caso ha dado pie a una campaña política y mediática, que exige que los ronderos que participaron en el incidente y obligaron a los reporteros a borrar el material obtenido y a difundir por su televisora un comunicado autoinculpatorio, sean juzgados y condenados por secuestro, penado hasta con 30 años de cárcel.
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