El monto de la sanción supera los 13 billones de yenes (alrededor de 97 mil millones de dólares), cifra sin precedentes en la historia judicial de la nación asiática.
Los beneficiarios serán 48 accionistas de Tepco, quienes desde 2012 emprendieron el proceso legal contra los expresidentes Tsunehisa Katsumata y Masataka Shimizu, y los exvicepresidentes Sakae Muto e Ichiro Takekuro.
De acuerdo con la demanda, los antiguos directivos de la firma nipona no adoptaron medidas adecuadas para prevenir daños por el impacto de un poderoso tsunami en la planta de Fukushima I, pese a las advertencias de una evaluación científica presentada por el gobierno en 2002.
El maremoto de 2011 hizo colapsar tres reactores de la central atómica, lo cual provocó pérdidas financieras gigantescas para Tepco, atribuibles a la negligencia de los imputados, asegura el texto.
Los abogados defensores apelaron el fallo ante el Tribunal Supremo de Tokio, que se pronunciará al respecto en enero del próximo año.
Hasta la fecha, pocas de las disputas legales entorno al peor accidente nuclear registrado en Japón llegaron a su fin.
El pasado mes de junio, la justicia nipona exoneró al Estado de cualquier culpabilidad ante las reclamaciones por daños y perjuicios de unos tres mil 700 residentes de las prefecturas de Fukushima, Gunma, Chiba y Ehime, quienes fueron evacuados de forma masiva después de la catástrofe.
En esa ocasión, el veredicto del juez no fue el mismo sobre Tepco y la firma de servicios públicos quedó sola para resarcir económicamente a las víctimas.
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