En el comunicado suscrito por el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por La Libertad de Expresión e Información y la Asociación Nacional de Radiodifusión se solicita que se permita la cobertura para poder transmitir e informar a la ciudadanía lo que allí acontece, toda vez que la principal víctima de este proceso es el Estado.
La petición de estos gremios, aseguran, se da ante el clamor ciudadano de mayor transparencia y verdadera rendición de cuentas por parte de las autoridades.
En el mensaje recordaron que la Convención Americana de los Derechos Humanos indica en su artículo 8.5 que: “El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.
«Queda claro que este principio es para proteger a los procesados y, al mismo tiempo, generar confianza entre la ciudadanía, sobre su sistema judicial”, añade el comunicado.
Panamá no debe ir en contravía a una tendencia mundial por parte de los tribunales de justicia de transmitir en vivo sus audiencias, y no hacerlo representa un total anacronismo en esta nueva era de las comunicaciones, precisaron los representantes de los principales medios de comunicación.
Agregaron que los detalles de este caso son de interés público y concernientes a toda la población por tratarse del caso más relevante de corrupción de alto perfil, con implicaciones en los ámbitos nacional e internacional.
Con 62 ciudadanos imputados, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli(2009-2015) y sus dos hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique, presos en Estados Unidos; además del exmandatario Juan Carlos Varela ( 2014-2019), el juicio es esperado con expectativas por la población.
El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá fijó la audiencia preliminar principal del caso entre el 18 de julio al viernes 5 de agosto de 2022, y los acusados deberán responder por el delito de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos. El Juzgado previó también como fecha de audiencia preliminar alterna desde el 12 al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con información oficial.
El expresidente Martinelli promovió varios mecanismos legales como el beneficio del fuero penal electoral en tanto líder del partido Realizando Metas, en un proceso de comicios internos, con el objetivo de impedir su presencia en el tribunal.
Según analistas, Odebrecht protagonizó el escándalo de corrupción más grande del continente y admitió ante las autoridades de Estados Unidos haber pagado millones en sobornos en una docena de países, casi todos en Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de dos mil 600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía acordaron en 2017 que la compañía pagaría al Estado unos 220 millones de dólares en un plazo de 12 años.
El caso Odebrecht, precisaron otros investigadores, también involucraría a la actual administración de Laurentino Cortizo (2019-2024).
El abogado Abel Arcia, por ejemplo, explicó al canal de noticias TVN, que una de las cosas que más le llaman la atención del juicio es la forma en la cual operaba la constructora, en alusión al esquema de donaciones a “campañas políticas” -en plural- que luego la empresa capitalizaba adjudicándose megaobras públicas con sobreprecios.
En tanto, la población espera ver a los acusados pasar por las audiencias, luego de varias fechas reprogramadas, seis años después de que estallara el escándalo y cuatro años luego del acuerdo al cual llegó la Fiscalía de Panamá con la constructora brasileña.
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