El pleno congresal aprobó un informe en tal sentido, por 70 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones, tras un debate en el cual el titular de la Comisión de Constitución, Héctor Ventura sostuvo que hay indicios razonables de la culpa de Castillo que ameritan las acusaciones.
Similar posición expusieron congresistas de extrema derecha y sus aliados de centro, en la perspectiva de lograr el retiro de Castillo del Gobierno, lo cual buscan desde el inicio de la gestión del mandatario.
Legisladores cercanos al Gobierno, por su parte, insistieron en que no se puede acusar constitucionalmente al mandatario, lo que da lugar a un proceso político cuyo desenlace se decide por mayoría de votos, adversa a Castillo.
Las acusaciones aprobadas están referidas a delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias, colusión, incumplimiento de obligaciones constitucionales, entre otros.
Abarcan los casos de una presunta organización criminal de funcionarios y empresarios dedicada a favorecer a empresas con contratos de obras públicas a cambio de dinero, denuncias de presiones por ascensos militares de allegados y a organismos como el de recaudación tributaria, para favorecer a terceros.
Tambiçen está incluido el caso que motivó la indagación parlamentaria, de reuniones de Castillo fuera del Palacio de Gobierno no registradas.
Según lo aprobado, el informe será remitido al Ministerio Público, que investiga los mismos casos y desarrolla paralelamente una pesquisa preliminar a Castillo.
Entre los incluidos se encuentran el exministro de Transportes, Juan Silva, y el ex secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, ambos prófugos, dos sobrinos del mandatario y otros personajes, incluidos dos empresarios que se han convertido en colaboradores de la Fiscalía e incriminan a Castillo.
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