Según adelantó en una entrevista radial, la iniciativa tendría que ser aprobada por el Parlamento y ratificada en un referendo.
El mandato del presidente Pedro Castillo se reduciría de cinco a dos años y el 28 de julio de 2023 se instalaría un nuevo Gobierno y legislativo para completar el período de cinco años, es decir hasta julio de 2026.
Sagasti añadió que su proyecto recoge propuestas de adelanto electoral como salida a la crisis política, presentadas por la bancadas legislativas del hasta hace poco cogobernante Partido Perú Libre, de los partidos de extrema derecha Avanza País, populista Podemos Perú y de congresistas no agrupados.
El proyecto se completaría con la creación de una comisión especial parlamentaria que discuta proyectos de reforma constitucional de fondo en forma meditada “y no a la carrera”, dijo.
Otro detalle de la propuesta es el de permitir que los congresistas actuales puedan ser candidatos solo por esta vez, algo que la legislación vigente les prohíbe y la población rechaza por la masiva impopularidad del Congreso, que ha llegado a alcanzar una desaprobación de 86 por ciento en las encuestas.
Debería permitirse la reelección de los congresistas actuales, teniendo en cuenta que fueron elegidos como por cinco años. “Si los congresistas han hecho una buena labor, los partidos los elegirán como candidatos y la ciudadanía votará por ellos”, afirmó.
De otro lado, el impopular Parlamento vigente avanzó al objetivo de su mayoría de extrema derecha y centro, de retirar del cargo al presidente Castillo, al acordar que sea acusado de infracciones constitucionales por presunta corrupción, para suspenderlo o inhabilitarlo.
La vía es considerada por los opositores como la más segura para la salida del gobernante, que la vacancia por incapacidad moral, intentada dos veces pero no lograda por la falta de votos de los dos tercios del total de miembros del Congreso requeridos.
Sin embargo, el exjuez del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa aclaró que los delitos de organización crimonial, concusión y tráfico de influencias invocados para acusarlo, no figuran entre las causas de imputación y sanción a un mandatario en funciones.
Esas opciones se reducen a la traición a la patria, cierre arbitrario o impedimento de funcionamiento del Poder Legislativo o el Jurado Nacional de Elecciones y la no convocatoria a comicios.
Para poder procesar al gobernante por los cargos planteados anoche, “habría que esperar a que Castillo termine de ser presidente”, precisó Espinosa.
En todo caso, añadió, “para sacar a un presidente con una acusación constitucional, se tiene que contar con los dos tercios del total de los congresistas”, sin que puedan botar aproximadamente 30 de los 130 legisladores que participaron en las instancias precias a la del pleno congresal.
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