El vocero de ese grupo y secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, Luis Sánchez, comentó que hubo consenso en fijar el precio del combustible en 3,32 dólares el galón (3,78 litros) y se avanza en otros temas, como la cifra de alimentos por congelar sus cotizaciones y luego el asunto de los medicamentos.
“Somos partidarios que el Estado puede asumir lo de los combustibles pero con la recaudación de los dineros de la corrupción y no a través de subsidios, que al final pagamos los panameños con los impuestos”, señaló.
Sánchez aseveró que, aunque en las pláticas que se desarrollan en la provincia de Veraguas aprecian voluntad de la comitiva del Ejecutivo encabezada por el vicepresidente del país, José Gabriel Carrizo, no se levantarán de la mesa de negociaciones hasta agotar todos los puntos, mientras las protestas continúan.
“No vamos a ceder y exigimos respuestas inmediatas y concretas , de manera que salgamos de estos encuentros con un compromiso nacional y le podamos decir al país que el esfuerzo del pueblo en las calles no fue en vano”, remarcó.
Acerca de otra de las agrupaciones que protagoniza hace dos semanas medidas de presión en la capital, la alianza Pueblo Unido por la Vida y su decisión este sábado de enviar a Veraguas una comisión negociadora, además de solicitar se establezca una sola mesa de diálogo, señaló que respeta el esfuerzo de esos colectivos.
Según Sánchez, desde el inicio invitaron a sumarse a esos grupos y también abogan por la unidad de los movimiento populares y organizaciones sindicales y sociales que luchan en las calles.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de la Construcción y Similares, Saúl Mendez, que integra la alianza Pueblo Unido por la Vida, dijo a la prensa que los dirigentes de esas alianzas tienen la responsabilidad de conquistar la anhelada unidad.
Mientras, el secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, Fernando Ábrego, indicó que es vital una sola mesa, pero que con seriedad y soluciones factibles a viejos reclamos de la población, entre ellos el aumento general de salario y que se dedique el seis por ciento del Producto Interno Bruto al sistema educativo.
En la jornada, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, que funge como facilitador de estos diálogos, manifestó que se necesita llegar a acuerdos juntos para poder salir adelante.
En un comunicado, la Iglesia católica, aceptó mediar en un proceso que no sólo ayudara a resolver la difícil situación coyuntural que se vive, sino a dar inicio a un proceso de cambio estructural que realmente haga de Panamá un país más justo y equitativo.
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