A casi un año de iniciado el periodo constitucional de Castillo, su respaldo ciudadano se redujo de 23 a 20 por ciento, mientras la del Congreso de la República creció de 75 a 79 por ciento, con una aprobación de solo 14 por ciento.
La saliente presidenta del parlamento unicameral, Maricarmen Alva, por su parte, termina su gestión con una desaprobación de 72 por ciento y una aprobación de 16 por ciento.
La encuesta se publicó dos días después de que el órgano legislativo aprobara un informe que recomienda acusar constitucionalmente al mandatario por infracciones constitucionales debido a imputaciones de corrupción que son investigadas por el Ministerio Público.
Castillo, pareció reaccionar ayer ante esa decisión en su contra, al fustigar en una concentración en la región surandina de Ayacucho a los políticos tradicionales, la prensa adversa y a las empresas encuestadoras.
“Ha llegado el momento de quitarle la mamadera (privilegios) a esos zánganos políticos tradicionales” para atender al pueblo, dijo, y acusó a esos políticos de buscar a diario la manera de atacar al Gobierno mediante titulares de prensa.
“¿Ustedes creen en las encuestas? ¿Ustedes creen en la prensa? ¿Ustedes creen en esos periódicos?”, agregó con vehemencia, al considerar llegado el momento de creer en el mismo pueblo, pues “solamente el pueblo salva al pueblo, duela a quien le duela”.
Rechazó, por otra parte, ataques recibidos por casos de supuestas corrupción en su entorno familiar y agregó que sus opositores lo acusan de corrupción desde el inicio de su administración, pese a que no han encontrado ninguna prueba fehaciente en su contra.
El acuerdo de la víspera pone en marcha un procedimiento de juicio político que pasará por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el pleno congresional, que decidirá si aprueba o no sancionar al gobernante.
Las infracciones constitucionales, según la legislación peruana, son sancionadas con suspensión temporal en el cargo o inhabilitación para ejercer funciones públicas, pero su aplicación al caso es materia de cuestionamientos jurídicos.
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