De acuerdo con la letrada, que citó normas del Código Procesal Penal, la decisión responde a la inasistencia de abogados de la defensa, algunos de manera injustificada; además de la negativa de varios de los 62 imputados a contar con ese beneficio por parte del Estado y solicitar ser representados por privados.
La audiencia preliminar comenzó este lunes transmitida en vivo por la radio y la televisión, pero al tribunal llegaron varias excusas (algunas médicas) de abogados defensores, razón por la que Marquínez suspendió el acto y lo reprogramó para la fecha alterna.
Marquínez reiteró en la cita que acogerse a una fecha alterna del juicio solo es facultad que otorgan las leyes al juzgador y no a los imputados ni a sus defensores.
En ese sentido precisó que el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá fijó como fecha de audiencia alterna desde el 12 y hasta el 30 de septiembre de 2022.
En la vista los acusados deberán responder por el delito de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos.
La jueza Marquínez instó a los acusados que aún no cuentan con su representante legal a que lo designen y presenten debidamente, un derecho que les asiste; al tiempo que pidió a los abogados a que estudien con tiempo los dos mil 752 tomos (un millón 300 mil hojas) que constan en la investigación iniciada en 2017 y los cargos que se imputan.
El proceso por corrupción más importante en la historia republicana del país es señalada como la de los sobornos que la constructora brasileña pagó a gobernantes, políticos e intermediarios, a cambio de contratos con el Estado panameño.
Al llegar al Palacio Gil Ponce, la fiscal Ruth Morcillo, quien encabeza el equipo del Ministerio Público, anunció que solicitarán llamamiento a juicio para 50 personas investigadas, incluyendo dos expresidentes de la República Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
Los dos hijos del primero (Ricardo Alberto y Luis Enrique) están encarcelados en Estados Unidos, luego de confesar haber blanqueado 28 millones de dólares en coimas a Odebrecht, siguiendo instrucciones -según ellos- de su padre, el exgobernante.
Ni Varela ni Martinelli aparecieron este lunes en la sala de audiencias, y los abogados del segundo comentaron que su cliente no tiene que comparecer, porque goza de fuero electoral penal, como líder del partido Realizando Metas, en medios de comicios internos.
Además de las 50 personas naturales, hay una jurídica: Importadora Ricamar, que comercialmente opera la cadena dee mercados Súper 99, propiedad de la familia Martinelli.
Según analistas, Odebrecht protagonizó el escándalo de corrupción más grande del continente y admitió ante las autoridades de Estados Unidos haber pagado millones en sobornos en una docena de países, casi todos en África y Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de dos mil 600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía acordaron en 2017 que la compañía pagaría al Estado unos 220 millones de dólares en un plazo de 12 años.
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