De acuerdo con un comunicado de la Arquidiócesis de Panamá, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado(Anadepo), con sede en Veraguas, grupos organizados de la comarca originaria Ngäbe Bugle y la alianza Pueblo Unido por la Vida, en la capital, decidieron enviar sus representantes a esas pláticas.
Bajo la presión de una ola de manifestaciones contra el alto costo de la vida, que ya entró en su tercera semana, también el presidente de la República, Laurentino Cortizo, manifestó la disposición del Órgano Ejecutivo de participar en las negociaciones.
La Iglesia Católica, en la figura del Arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, fungirá como facilitadora de las conversaciones para debatir un pliego de reclamos entre ellos los precios galopantes del combustible, los alimentos, los medicamentos y la tarifa eléctrica.
También entre las demandas de los colectivos en huelga sobresale aumento general del salario, dedicar el seis por ciento del Producto Interno Bruto a la educación y añadieron en las últimas horas medidas para combatir la corrupción en el país centroamericano.
La Iglesia, ante la situación de emergencia que sufren las poblaciones, tanto en el campo como en las ciudades, animan a todos los participantes en este diálogo para que muestren «signos de buena voluntad», y se construyan consensos en un clima de paz, teniendo como centro la justicia social y el bien común, indica la nota oficial.
La mesa única surge luego del fallido acuerdo entre el Ejecutivo y Anadepo, el suscrito el pasado domingo 17 de julio, en el cual pactaron congelar el precio del combustible en 3,25 dólares el galón (3,78 litros), vigente desde este martes.
De su parte, las agrupaciones que integran estos movimientos sociales reiteraron que mantienen las acciones de protestas en diferentes puntos del país y siguen los cierres en tramos de la carretera Interamericana en las provincias de Chiriquí y Panamá Este.
Acerca de unos de los temas incorporados a la mesa de diálogo, la lucha contra la corrupción, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, Marco Andrade, afirmó que está presente en la falta de transparencia de los funcionarios públicos y beneficios que reciben, mientras piden sacrificios al pueblo.
Recordó que uno de los mayores hechos de corrupción y blanqueo de capitales del istmo es el caso Odebrecht, cuya audiencia fue pospuesta la víspera para septiembre de este año, pero en el que están involucrados funcionarios de tres gobiernos y así lo han demostrado las investigaciones.
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