En el Palacio de la Alvorada (residencia oficial en Brasilia), ante unos 40 diplomáticos extranjeros, el exmilitar repitió el 18 de julio sospechas sin fundamento y ya desmentidas acerca de los receptáculos electrónicos y el proceso electivo.
Basó su arenga en una investigación abierta por la Policía Federal en 2018, con la autorización de la Corte Suprema, sobre la invasión de un hacker al sistema del Tribunal Superior de Justicia (TSE).
Sin embargo, el TSE informó en reiteradas ocasiones que este acceso fue bloqueado y no interfiere en ningún resultado.
«Básicamente esa reunión (con embajadores) fue emblemática de cómo el gobierno Bolsonaro ha encauzado esa perspectiva de golpe», alertó Rafael Rud, integrante del Frente Pueblo Sin Miedo y del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, citado por el portal Rede Brasil Atual.
Según el activista, si las organizaciones populares «no reaccionan ahora, podría ser demasiado tarde. Y las personas entran en un campo de retrocesos que pueden ser irreparables para la democracia y las elecciones».
Entonces, recalcó, «la idea es que la gente de alguna manera también atienda ese clamor de la sociedad, temerosa delante de esas manifestaciones de Bolsonaro, quien ataca a la democracia y al sistema electoral brasileño».
Por su parte, Raimundo Bonfim, de la Central de Movimientos Populares y del Frente Brasil Popular, afirmó que entre las acciones que serán evaluadas por la cruzada Fuera Bolsonaro está la retomada de los actos de calle.
A lo largo del año pasado, la operación fue responsable por la realización de al menos ocho movilizaciones para demandar el impeachment (destitución) del jefe del Ejecutivo.
Tal campaña está compuesta por los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, además de movimientos sociales y sindicales, entidades y colectivos populares.
Diversos sectores de la sociedad brasileña reaccionaron a los ataques promovidos por Bolsonaro durante la cita con embajadores.
Más de 40 miembros del Ministerio Público exigieron al procurador general Augusto Aras una investigación y partidos de la oposición también presentaron una noticia-crimen al Supremo Tribunal Federal.
La víspera, el presidente del TSE, Edson Fachin, dio cinco días a Bolsonaro para que explique sus embestidas contra el procedimiento de las votaciones.
Fachin solicitó esos esclarecimientos ante una demanda del Partido Democrático Laborista, que acusa al excapitán del Ejército de propaganda electoral anticipada.
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