La economista Maribel Gordón, vocera de los diversos colectivos populares, reiteró la urgencia de rebajar y congelar los precios galopantes de la canasta básica familiar, en el orden de los mil 600 dólares mensuales, frente a salarios bajos para satisfacer las necesidades elementales de la mayoría de la población.
Al respecto estimó a nombre de los grupos populares que debería reducirse en un 30 por ciento los precios de los alimentos y contar con una eficiente oficina que los regule, para evitar la especulación existente
Gordón citó estadísticas de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura( FAO) que señalan que de 2010 a 2021, en Panamá unas 200 mil personas padecen de subnutrición y del Banco Mundial, de 2019, que aseguran que el 16 por ciento de los niños menores de cinco años sufren de anemia.
También recordó informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(Cepal) que registran a Panamá como el país de la región con mayor dependencia externa para su alimentación; y en ese sentido llamó a proteger a los productores nacionales.
Por la parte del Ejecutivo, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni, propuso la rebaja temporal del 15 por ciento de la canasta básica familiar por un plazo de tres meses prorrogables, sin afectar al productor nacional.
Rognoni sugirió incluir más productos de consumo masivo, como los de uso y aseo personal en el hogar y la eliminación del arancel de importación de estos artículos, sin afectar su margen de comercialización.
De su parte, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Jorge Quintero, dijo que también estudian la posibilidad de crear una oficina de esa entidad cercana a la comarca Ngäbe Buglé.
Pero Gordón y otros representantes de los sindicatos, como Saúl Méndez, de los constructores, cuestionaron la forma en que el gobierno estima llevar a cabo el tema de la renta sustitutiva de la rebaja del arancel a cero de los productos y desestimaron la propuesta de Acodeco, la cual estiman no cumple con su función.
Méndez también emplazó al director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, a que utilice aviones y helicópteros para transportar medicinas a regiones vulnerables, las mismas aeronaves en las que la Policía Nacional trasladó unidades antimotines para reprimir a los manifestantes en las calles, todavía movilizados.
Lau insistió en abrir los cierres de carreteras para dejar pasar insumos médicos a los hospitales de la provincia de Chiriquí y Veraguas, pero los grupos originarios pidieron no responsabilizar a los indígenas de la crisis social que vive el país, porque son los primeros afectados por el alto costo de la canasta básica.
Voceros de la comarca Ngäbe Buglé señalaron que sus pobladores sufren hambre, sueño, frío, pero no se van a mover de las calles hasta que el gobierno de una respuesta a problemas acumulados.
En estas pláticas, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, que representa la secretaría técnica del Ejecutivo, reconoció que la mesa tiene una gran responsabilidad, ya que todo el país está esperando se lleguen a acuerdos y dar tranquilidad a cada uno de los sectores y comunidades.
La mesa única en Coclé es el primer intento exitoso de diálogo entre las partes, luego de que fracasara un acercamiento impulsado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, la semana pasada, al que no asistieron las alianzas sindicales y gremiales alegando una falta de consenso previo en los temas a negociar y la mediación.
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