La nueva indagación, por el presunto delito de tráfico de influencias, está referida a la compra irregular, por parte de la empresa estatal Petroperú, de biodiesel, a la postre anulada, a la compañía Heaven Petroleum -proveedora habitual- después de que los gerentes de las dos partes se reunieran con Castillo.
La investigación del caso había sido abierta y dejada en suspenso hasta el fin del mandato de Castillo, por la antecesora de Benavides, Zoraida Ávalos, quien argumentó para ello la prohibición de acusar a presidentes en actividad.
La fiscal vigente dejó sin efecto también la congelada indagación al mandatario por presuntas presiones a mandos militares y policiales para ascender a determinados oficiales, con lo que según la hipótesis fiscal, Castillo incurrió en delito de tráfico de influencias.
Otra pesquisa abierta por Benavides a Castillo plantea la hipótesis de que el presidente encabezó supuestamente una organización delictiva y habría cometido los delitos de colusión y tráfico de influencias, al favorecer a determinadas empresas con contratos de obras públicas.
La fiscal inició ayer, además, una investigación al gobernante por el presunto delito de encubrimiento, tras el recién cesado ministro del Interior, Mariano González, quien lo acusa de obstruir la búsqueda de dos exfuncionarios y un sobrino de Castillo indagados por corrupción.
Ante la ola de acusaciones, las bancadas parlamentarias de extrema derecha y sus aliados impulsan un tercer intento de vacar (destituir) a Castillo y para alcanzar la mayoría de votos necesarios para ese fin, planean reducir ese requisito u otra modalidad para lograr lo que buscan desde el inicio del actual Gobierno.
El jefe de Estado, sus seguidores y fuerzas afines plantean que no hay pruebas de las incriminaciones y consideran que debe esperarse por la culminación de las pesquisas para tomar una decisión.
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