Las negociaciones que tienen lugar en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, no logran poner fin a las manifestaciones y cierres carreteros que todavía este lunes se mantenían en algunos tramos de la Vía Interamericana que une al istmo con Centroamérica, ruta obligada para el tránsito de alimentos, combustible y medicamentos, entre otros insumos.
Las partes debaten desde el jueves con la Iglesia católica como facilitadora una agenda de ocho puntos priorizados entre los cuales la canasta básica familiar ampliada apenas arribó a sus primeros consensos.
En esas conversaciones el Gobierno aceptó reducir el precio de 72 productos, entre alimentos y artículos de higiene, que representa una rebaja general del 30 por ciento de los bienes básicos.
Según explicaron sus voceros, como la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, lo hará a través del establecimiento de precios tope, subsidios al consumo y reducciones arancelarias.
Por su parte los movimientos populares exigieron limitar los márgenes de ganancias establecidos para las empresas e intermediarios y defendieron se presentara una ley que transforme las facultades coercitivas de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, encargada de regular los precios y calidad de los servicios.
Para el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, una de los colectivos en huelga, Fernando Ábrego, se ha da do un primer paso en el escalón para resolver los problemas de la crisis social que vive el país.
Otros asuntos por debatir son el precio de los combustibles, medicamentos y energía eléctrica; además de la inversión del 6,0 por ciento del Producto Interno Bruto en el sistema de educación pública.
También prevén llegar a acuerdos en el futuro de la Caja de Seguro Social y tomar medidas contra la corrupción.
Por su parte, el sector empresarial privado insiste en ser incluido en la mesa de diálogo, a lo que se opusieron los colectivos sociales.
En un comunicado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá advirtió que cualquier pacto o acuerdo desarrollado sobre la base de información poco ejecutable por el sector productivo, solo alimentaría la frustración y la desconfianza ciudadana.
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