En un conversatorio con corresponsales de la prensa extranjera, el también ministro de la Presidencia, explicó que antes de la actual convulsión en las calles hace más de tres semanas, el Gobierno en sus 36 meses de gestión había dedicado 28 a enfrentar la peor de las crisis: la pandemia de Covid-19.
De todas maneras, indicó que los reclamos de organizaciones populares que participan junto a una delegación del Ejecutivo en una mesa única de diálogo en la central provincia de Coclé, son similares a los de otros de la región, golpeada por acontecimientos externos como la guerra entre Ucrania y Rusia, que dispararon los precios del combustible.
“Estamos en un sistema democrático y por supuesto que hay que hacer ajustes, y el presidente (Laurentino) Cortizo es consciente de que estas acciones toman tiempo. Sin embargo, nuestro objetivo como Gobierno es darle respuesta concreta a la población”, afirmó.
A preguntas de Prensa Latina, sobre si era necesario esperar entonces llegar a las protestas y la mesa única de diálogo para la aplicación de nuevas acciones, aseveró que los ajustes en los precios del combustible, una medida ya aprobada por el Ejecutivo mediante decreto, que fija el precio de la gasolina y el diesel en 3,25 dólares el galón (3,78 litros) es parte de un sacrificio solidario para garantizar la estabilidad económica a la familia.
También señaló que las políticas públicas que impulsa esta administración van en la dirección correcta con un compromiso concreto e inmediato para sentar las bases de la conquista de la llamada sexta frontera, la de acabar con la pobreza y la desigualdad, a través del Plan Colmena, destinado a los 300 corregimientos más vulnerables del país.
Acompañado de sus colaboradores y del propio ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el funcionario fue explícito para destacar en el fortalecimiento de la institucionalidad a través de la digitalización y simplificación de procesos, como herramienta en la lucha frontal contra la corrupción, un tema que los movimientos populares esperan debatir en Coclé.
Acerca de las manifestaciones en diversos puntos del país, Carrizo insistió en que a través del diálogo se tiene una oportunidad para salir de una coyuntura compleja que se vive a nivel mundial y de la que Panamá no está exenta y abogó por ampliar la composición de la mesa con sectores productivos y del gremio empresarial, “porque el norte de esta administración es una economía con sentido social”, remarcó.
En el intercambio con periodistas de medios de prensa extranjeros, el ministro Alexander aseveró por su parte, que aun con el impacto de las manifestaciones callejeras contra el alto costo de la vida, el país podría cerrar 2022 con un crecimiento del Producto Interno Bruto en el orden del 5,0 o el 6,0 por ciento, un indicador que en el primer trimestre de este año llegó hasta el 13,5 por ciento, según estadísticas oficiales.
Al mismo tiempo consideró que el mayor impacto de la crisis actual está en la educación, pues con las escuelas cerradas debido a los paros de docentes se pierden capacidades formativas de los alumnos.
En la charla, también Juan Antonio Ducruet, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y vocero del Gobierno, señaló que Panamá hace frente a situaciones bastante similares a las de países como Ecuador, Perú, Colombia y Chile, con desenlaces diferentes, y que a través del diálogo busca preservar la capacidad del Estado de recuperarse y preservar el modelo económico, donde el sector privado es uno de sus motores, admitió.
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