Los afectados denunciaron que las obstrucciones políticas alejan la verdad y 24 meses después se desconocen los responsables de la catástrofe que causó más de 200 muertes, miles de heridos y destruyó parte de la capital libanesa.
En un acto de homenaje a los fallecidos el 4 de agosto de 2020, los familiares exigieron reincorporar al juez de instrucción Bitar a sus funciones, quien detuvo la pesquisa el 23 de diciembre pasado como consecuencia de impugnaciones legales espurias por motivos políticos.
Ofrecieron un plazo de 90 días para emitir un informe final o de lo contrario acudirán a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar apoyo de la comunidad internacional y lograr justicia.
De persistir los obstáculos, los sobrevivientes pedirán al Consejo de Seguridad de la ONU establecer y financiar un organismo competente e independiente encargado de investigar las causas de la explosión del Puerto de Beirut y determinar la responsabilidad de esta tragedia.
También demandarán al gobierno libanés, al juez de instrucción y a todas las demás partes en Líbano a cooperar con la Comisión en la entrega de la información, documentos y datos sobre la tragedia.
En otra de las acciones por reclamar justicia, los afectados enviaron una carta al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, a quien manifestaron las fuertes pérdidas psicológicas, sociales y financieras de los libaneses tras la explosión.
Según reportes locales, la ignición de más de dos mil toneladas de nitrato de amonio mal almacenadas por años ocasionó el siniestro en el Puerto de Beirut que acentuó la peor crisis económica y financiera de Líbano.
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