Al comenzar apenas el debate sobre corrupción, el séptimo de ocho temas acordados para abordar en esas pláticas, con la Iglesia católica como facilitadora, Jorge Guzmán, uno de los voceros de los colectivos, aseveró que la iniciativa viene desde 2009 y pretende acabar con un modelo que estimula la corrupción y defiende los intereses de las oligarquías, en detrimento de las mayorías.
Este viejo anhelo, agregó, invoca el artículo dos de la actual Constitución que establece que «El poder público solo emana del pueblo» en aras de permitir la independencia efectiva de los órganos de un Estado de Bienestar.
La corrupción es un mal, dijo, que incide en otros de los asuntos tratados como los altos costos de los alimentos, los medicamentos, los combustibles, la tarifa eléctrica y la crisis de la Caja de Seguro Social, en buena parte de los cuales aún esperamos respuestas concretas por parte del Ejecutivo.
Otros líderes de las agrupaciones denunciaron a poderes del Estado como la Asamblea Nacional (parlamento) con plantillas infladas y crecientes presupuestos aprobados para su funcionamiento, como los 206 millones de dólares este año y otros 150 millones adicionales para 2023.
Igualmente cuestionaron al Órgano Judicial que ante casos probados de malversación de los fondos del erario público, los funcionarios implicados no son castigados debidamente, a lo que se suma la impunidad con que operan los grandes empresarios.
En su propuesta de unos 32 puntos, los colectivos también sugirieron la creación una Comisión de la Verdad, que esclarezca con evidencias ante la opinión pública los centenares de casos de corrupción y la creación de un Consejo de Auditoría Social con carácter autónomo, para poder fiscalizar con transparencia los malos manejos de la economía.
Asimismo indicaron la necesidad de modificar el actual Código Penal y arreciar sanciones contra infractores de delitos relacionados con la evasión fiscal, muchos de los cuales hoy gozan de total impunidad.
Las organizaciones sociales estimaron prudente declararse en sesión permanente desde la próxima semana para continuar con estas pláticas que son transmitidas en directo por la cadena nacional de radio y televisión, una propuesta que el Gobierno deberá valorar.
Las deliberaciones iniciaron el pasado 21 de julio en ka ciudad de Penonomé, capital de la central provincia de Coclé, con ocho temas en agenda relacionados con reclamos de gremios que lideraron protestas en todo el país casi un mes contra el alto costo de la vida.
Canasta básica familiar, combustible, medicamentos, tarifa eléctrica y dedicar el 6,0 por ciento del Producto Interno Bruto al sistema de educación pública, fueron los primeros cinco puntos abordados.
Las deliberaciones se frenaron al profundizar sobre la seguridad social, ante la negativa de los colectivos de sumarse a una mesa de diálogo instalada desde diciembre de 2020 por el Ejecutivo, pero que consideran no resuelve las necesidades del pueblo.
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