De Sousa envió de nuevo la norma a la Asamblea de la República (parlamento), donde se aprobó hace casi un mes, para que los legisladores revisen el texto y corrijan cuestiones en el plano del derecho sucesorio que el decreto no prevé, señaló la Presidencia en un comunicado.
El decreto busca que una mujer sea inseminada con el material genético de su pareja fallecida siempre que existiera un deseo de paternidad establecido. La violación de ese requisito implicaría pena de hasta dos años de cárcel.
La legislación fue aprobada a finales de marzo con el apoyo de los socialistas, el Bloque de Izquierda, los comunistas, el partido Personas, Animales, Naturaleza, Los Verdes e Iniciativa Liberal.
En tanto, recibió el rechazo de los partidos Popular Democrático, Chega y del CDS-Partido Popular.
Esta fue la ocasión 23 en que de Sousa hace uso del veto político desde que llegó al poder en 2016.
Varias fuerzas que apoyaron la norma mostraron este viernes su decisión de responder a las dudas presidenciales para su aprobación.
El proyecto también establece que el proceso de embarazo asistido debe realizarse en un periodo de seis meses a tres años tras la muerte, con consentimiento previo dado en vida.
El bebé sería hijo póstumo del fallecido, salvo que la madre se haya emparejado durante el proceso y la nueva pareja se registre como padre.
En Europa esa técnica es Permitida en Reino Unido, Países Bajos y Grecia.
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