Sus detractores señalan, además, que la Oficina de Identificación Nacional (ONI) solo proveyó hasta el momento, poco más del 61 por ciento de las tarjetas de identidad, por lo cual actualmente 2,6 millones de personas con derecho al voto no pueden participar en la consulta.
Mathias Pierre, ministro delegado para Asuntos Electorales, refutó que la ONI sea incapaz de completar las identificaciones antes del 27 de junio, fecha del referendo, y atacó a Liné Balthazar, presidente del partido gobernante Tet Kale, quien puso en duda la capacidad de la institución.
‘Los datos comunicados por Liné Balthazar son incorrectos’, dijo Pierre en una entrevista radial en la cual afirmó que actualmente 4,4 millones de ciudadanos están registrados, de ellos 3,4 millones ya recibieron el documento de identidad.
Señaló, igualmente, que desde el 21 de enero se registraron 900 mil personas en el sistema de la ONI, y anunció la apertura de un portal de Internet para rastrear las identificaciones a partir de los números de teléfono proporcionados.
Pierre también rechazó las cifras de posibles votantes ofrecidas por medios de prensa, que indican un padrón electoral de unos siete millones de personas.
De acuerdo con el funcionario, trabajan con los datos del mapa electoral de 2015, que estableció 6,5 millones de votantes.
Además de las tarjetas de identidad, el proyecto de referendo recibe críticas por realizarse de manera unilateral, sin el consenso de otras fuerzas políticas y sociales del país.
Recientemente, Gabriel Fortuné, exalcalde de Les Cayes, al sur del país, y reconocido aliado del Gobierno, aseguró que la iniciativa irrespeta la constitución vigente.
Por su parte, Anacacis Jean Hector, al frente del partido Liga Alternativa por el Progreso, calificó de torpe el anteproyecto y criticó al mandatario, Jovenel Moïse, por imponerse sin contar con un respaldo.
La oposición radical y otras instancias sociales rechazaron participar en el ejercicio y alegaron que el mandato constitucional de Moïse venció en febrero, por lo cual carece de legitimidad para modificar la ley de leyes y convocar a elecciones previstas para mediados de septiembre.
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