Perú vive una profunda crisis social y política por la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que conduce a un grave enfrentamiento y “a niveles incontrolables de violencia”, señalaron los dignatarios en un comunicado.
El texto refiere que «el diálogo democrático responsable, respetuoso y vinculante es el único camino para una salida creativa, clara, decidida y viable para superar la crisis en base a consensos firmes».
Considera urgente establecer canales efectivos de articulación y diálogo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la sociedad civil “para garantizar la gobernabilidad y el bien común”.
«El consenso social pide dar paso a una transición política que busque urgentemente una salida a la profunda crisis actual, priorizando la necesaria reforma política pendiente», añade.
Los obispos llaman a buscar por cauces democráticos el restablecimiento de la gobernabilidad y la paz, rechazando la violencia como medio de solución de conflictos.
Advierten sobre “los alarmantes niveles de descomposición política, social, económica y moral, a los que se unen la desconfianza, la pérdida de credibilidad y de gobernabilidad”.
Al caracterizar la crisis, consideran vergonzoso y decepcionante que Perú sea uno de los cuatro países con mayor índice de percepción de corrupción en América Latina.
«Esta crisis moral y ética engloba de manera directa a los actos de corrupción en las altas esferas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en otras instancias del Estado y la sociedad civil», sentencia el comunicado.
Cita al papa Francisco, al señalar que “la corrupción es un cáncer que lo infecta todo” y señala que ese mal afecta la alimentación, la educación y la interculturalidad y genera subempleo y desempleo
“Estamos a tiempo para trabajar juntos como sociedad peruana y enrumbarnos hacia un proyecto de país con un compromiso para el desarrollo humano integral de todos los peruanos”, agrega.
Advierte que el Gobierno y el Congreso deben enfocarse en el cumplimiento de la ley y facilitar las investigaciones sobre la corrupción, a cargo del Ministerio Público y el Poder judicial.
“Es necesario también orientarse hacia el Bien Común, superando una cultura patrimonialista donde no se distingue el bien público del privado, o donde se considera la cosa pública como propia”, expresa.
El documento eclesiástico llama al ejercicio responsable de la libertad de prensa, al pedir a las autoridades que la respeten y a los medios de comunicación que “informen y opinen con veracidad, honestidad y respeto”.
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